En el marco de la acción de amparo promovida por el Estado nacional ante el emprendimiento proyectado en el arroyo Ayuí Grande, la Corte Suprema de Justicia pidió un informe al Gobierno de Corrientes. Luego de analizar lo enviado por la Provincia, la Corte decidirá si hace lugar a un pedido de la Nación de paralizar la concreción de la represa en la ciudad de Mercedes.
El fallo, que lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti; Elena Highton de Nolasco; Carlos Fayt; Enrique Petracchi; Juan Carlos Maqueda; Raúl Zaffaroni y Carmen M. Argibay, tiene fecha de ayer y una extensa argumentación en la que se detalla que el emprendimiento conocido como “Proyecto Productivo Ayuí Grande” consistiría en inundar un área aproximada de 8 mil hectáreas a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá, y tendría como propósito la conformación de un reservorio de agua para riego de unas 77 mil hectáreas, que se destinarían al cultivo del arroz y otros granos.
En el primer punto resolutivo declara la competencia de la Corte y luego intima al Gobierno correntino para que informe “si han comenzado las obras correspondientes al emprendimiento y, en tal caso, el estado de avance en que se encuentran; en su defecto, deberá informarse para qué fecha se encuentra programado el inicio de las tareas de construcción de dicho proyecto”, sostiene el fallo.
Vale señalar que la decisión fue adoptada por unanimidad en el marco de una acción de amparo del Estado nacional contra Corrientes, “a fin de que cese en su actitud omisiva y le haga entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto ambiental relacionados con el proyecto”.
Así las cosas, Corrientes dispondrá de un plazo de 30 días para remitir los informes que le fueron pedidos por la Cancillería para que “las autoridades nacionales puedan evaluar si las obras respectivas se encuentran alcanzadas por el ámbito de aplicación del Estatuto del Río Uruguay”, versa el fallo. En tanto que el plazo será de sólo 10 días sobre el estado de inicio o desarrollo de las obras. Una vez obtenida la información, el alto tribunal resolverá si hace lugar a un pedido del Gobierno nacional para paralizar las obras.