A las pocas horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso de amparo presentado por la Nación para frenar el proyecto Ayuí Grande, funcionarios locales anticiparon que responderán los informes solicitados a la Provincia.
Las fuentes consultadas informaron que el año pasado comunicaron a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) varios aspectos técnicos del proyecto, detalles que están en poder de la Cancillería y que fueron requeridos por la Corte.
Comentaron que enviarán todo lo requerido por la instancia judicial máxima del país una vez que sean notificados formalmente, pero destacaron que se podría haber evitado un trámite en los tribunales.
Por su parte, varios dirigentes ruralistas mencionaron que la movida de la Nación está directamente relacionada con la puja que mantiene con el grupo Clarín, y no por una defensa del medio ambiente.
Para los productores correntinos, no deberían interferir problemas políticos en temas tan importantes como lo es el desarrollo del arroz en la provincia y el país. Además señalaron que hasta ahora la provincia de Entre Ríos no se manifestó en contra de la intención.

El megaproyecto arrocero
Fue presentado como la mayor inversión privada de los últimos tiempos, pero desde esa fecha hasta ahora los pasos previos no finalizaron y la construcción de la represa no pudo concretarse.
En rigor, se inundarán menos de 8.000 hectáreas para irrigar miles más que se destinarán a la producción arrocera.
Corrientes es una de las provincias donde más podría crecer la siembra de arroz, más cuando hay muchos mercados dispuestos a comprar el cereal.
Dos años atrás, la Presidencia anunció líneas de créditos destinadas a incrementar la cantidad de superficie sembrada con arroz. En las vecinas provincias se desarrollaron varios proyectos con un efecto similar al que provocaría el de Ayuí.

Lo que pidió la Corte
En el fallo donde el máximo tribunal del país se declaró competente, se solicitó a la provincia de Corrientes que informe si han comenzado las obras correspondientes al emprendimiento denominado “Proyecto Productivo Ayuí Grande” y el estado de avance en que se encuentran; o, en su defecto, para qué fecha está programado el inicio de las tareas de construcción de dicho proyecto.
También solicitó “los antecedentes y la información completa del emprendimiento, incluidos los estudios de impacto ambiental realizados, a fin de que las autoridades nacionales puedan evaluar si las obras respectivas se encuentran alcanzadas por el ámbito de aplicación del Estatuto del Río Uruguay de 1975”. Parte de este pedido está en manos de la Cancillería.