La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se propone establecer Alianzas Público Privadas (APP) para reestructurar el área de servicio al cliente, reducir la pérdida de agua -estimada en un 63% de la producción total- y realizar un censo de abonados en toda la Isla.
Con esta iniciativa, el presidente ejecutivo de la AAA, José Ortiz, busca dejar en manos de empresas privadas tareas como limpiar la base de datos de clientes, crear un catastro de abonados, operar las oficinas comerciales y financiar tecnología para la lectura remota de contadores, la detección de salideros invisibles, la sectorización y la macromedición.
Según una presentación que el funcionario realizó el lunes pasado ante el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, esos cambios, estimados en $700 millones que la corporación pública no posee, ayudarán a mejorar el servicio y a sanear las finanzas de la AAA, cuyo déficit para este año fiscal está proyectado en $150 millones.
“La AAA no cuenta con los fondos necesarios para realizar una inversión de $700 millones, lo cual representa casi un año de facturación. Las APP son la opción para realizar las tareas antes mencionadas mediante financiamiento de las empresas privadas”, indica la presentación, de la que El Nuevo Día obtuvo copia.
La implantación de las APP estaría acompañada de la compra de energía a suplidores alternos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la automatización de las plantas de filtración. Según Mauricio Olaya, director de Planificación de la AAA, esto último consistirá en la operación remota de las plantas de filtración desde un cuarto de control centralizado.
Por su parte, Ortiz indicó que la lista de empresas con mayor posibilidades de establecer las APP contendrá entre seis y siete candidatas y estará lista la próxima semana. De ese grupo se escogerán tres. Hasta el momento, unas 13 compañías han expresado interés en el proyecto.
Según la presentación, la meta de las APP es atajar la pérdida de agua no facturada, lo que, a su vez, podría reducir los costos de producción de agua en el futuro. De acuerdo con el calendario contenido en el documento, la selección de las compañías podría ocurrir entre noviembre y diciembre.

El fantasma de los despidos
Aunque la presentación de 21 páginas establece que, por ley, las APP deben darle prioridad a los empleados gubernamentales al reclutar trabajadores, el proyecto deja abierta la posibilidad de implantar un plan de despidos masivo.
“Dependiendo del número de empleados que permanezcan en la AAA y de las posibilidades de reubicación de puestos, se analizará la necesidad de implantar un plan de cesantías bajo las regulaciones vigentes para cada grupo laboral”, establece el documento.
A pesar de que el plan de despidos se menciona como parte del impacto de las APP en los empleados, Ortiz indicó que éste aplicaría sólo si no se implanta ese nuevo modelo.
“(Las APP) no solamente van a mejorar los ingresos para cumplir con las regulaciones federales, sino que evita entrar en un plan de cesantías por falta de ingresos por un déficit el próximo año de $68 millones que no estarían. Si no hacemos esto redundaría en unos 1,300 empleados que podrían ser afectados”, dijo el funcionario.
Asimismo, indicó que los empleados de la AAA pasarían a trabajar bajo las compañías privadas seleccionadas para ofrecer determinados servicios.
Pero, acto seguido, sostuvo que serán los propios empleados los que decidirán si trabajan o no para los contratistas. “Lo que le estamos dando es la oportunidad a que el empleado pase de Acueductos. Si el empleado no quiere irse a la empresa privada entonces lo tendrían que despedir”, señaló.
“Si no lo hacen, la AAA entraría en un plan de cesantías, pero nosotros vamos a hacerles la gestión de presentarles los resumés y pedirles que utilicen primero a los empleados de la AAA antes de considerar a nadie”, agregó Ortiz.
Asimismo, sostuvo que el censo de abonados que prevé realizar en el 2011 creará 1,200 empleos adicionales por aproximadamente dos años.
El documento también da detalles de la situación laboral de los 5,000 empleados de la AAA. Establece que la “permanencia ya no existe”, que no habrá aumentos salariales, que los beneficios marginales y la jornada laboral podrían reducirse y que habrá mayor rigidez para ascender dentro de la AAA.

“Una idea descabellada”
Para el presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), Pedro Irene Maymí, la propuesta de la gerencia va dirigida a despedir unos 1,300 empleados y aumentar las tarifas a los abonados.
“Nos oponemos y lo vamos a combatir de la manera que sea; el plan es que se le aumenten los costos del agua al pueblo y segundo que se despidan más empleados públicos. Aquí este país no aguanta más”, puntualizó.
La lucha del sindicato comenzará mañana en dos frentes: el Departamento del Trabajo y el Senado.
“Esto es una idea descabellada de volver al pasado porque aquí se privatizó con Ondeo, con la Compañía de Aguas y ha habido muchos intentos de privatización que no han funcionado”, reiteró Irene Maymí.
El líder sindical indicó, además, que los servicios que la AAA busca establecer a través de APP ya están privatizados, como la lectura de contadores, la facturación y el cobro. “Aquí no habrá ningún cambio excepto que le van a pagar a unas compañías extranjeras que no las quieren en su país porque tienen dudosa reputación”, dijo.
Según Irene Maymí, prescindir de los empleados en las plantas de filtración podría dejar en la calle a unos mil trabajadores y afectar la salud de los abonados. “Van a jugar con la salud del pueblo porque con un escape de cloro, en lo que una persona en una oficina llega al sitio se podría envenenar un sector”, explicó el líder de la UIA.