Aunque todavía no se pone en marcha, los sueldos altos y la expansión de la planta de personal ya son temas de discusión en la conformación de la nueva empresa de agua AYSAM, que remplazará a OSM.
Este fue uno de los puntos que objetó el bloque demócrata, que no apoyó la sanción del proyecto, y también fue planteado por los diputados Luis Petri (CONFE) y José Barrigón (UCR), entre otros.
Sin embargo, pese a las objeciones y después de varias semanas de discusión, ayer consiguió media sanción el proyecto de ley que delinea la estructura de lo que será la nueva empresa de agua. Con 41 votos positivos, cinco negativos del Partido Demócrata y dos abstenciones, ahora el proyecto deberá ser aprobado por el Senado para que se convierta en ley antes del 27 de setiembre, fecha en que se vence el período de intervención.
Uno de los puntos más controvertidos está en el artículo 4 del proyecto, que faculta a la empresa a incorporar más personal por sobre la cantidad existente, “hasta un máximo del 75% de la media del coeficiente de los operadores de agua y saneamiento de Latinoamérica, según la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas”.
Esto equivale –según denunció el PD– a unas 100 o 150 personas más de las 650 que hoy tiene la planta de personal.
“Es un ejemplo de lo que no queremos que ocurra con la empresa; que termine siendo una bolsa de trabajo”, refirió Roberto Pradines (PD).
“Habrá diferencias entre los sueldos de los mismos estatales, y eso va a contribuir a la inequidad entre los empleados. Habrá salarios de empleados que serán más altos que los de un director de escuelas o de un director de la administración pública”, comentó Antonio Spezia (PD).
Los demócratas adelantaron su voto negativo al proyecto, y criticaron no sólo la ampliación de la planta de personal sino también el modo elegido para hacer la reestatización.
De todas maneras, el proyecto fue aprobado después de una larga discusión.
El oficialismo admitió que quedan puntos claves por resolver. Y fue el presidente de la Cámara, Jorge Tanús, quién propuso que se establezca un cuatrimestre de plazo para resolver los temas más espinosos: las funciones del ente regulador, la discusión tarifaria y el plan de inversiones y financiamiento para recomponer la empresa. Estos tres aspectos quedaron fuera de la discusión de la ley sancionada ayer.
En cuanto al tema de los sueldos, Tanús también expresó su desacuerdo con las disparidades salariales que se provocarán entre los sueldos que tendrán los empleados de la ex OSM y lo del resto del Estado. “Me molestan los sueldos de $20.000, que parecen los sueldos de los jueces. Si el Estado es austero, que sea austero para todos”.
Al respecto, Petri presagió que “los aumentos de sueldos y de cargos gerenciales durante los meses de intervención del Estado son una mala señal de lo que vendrá durante la administración del Estado. Hay 17 personas que cobran más que el gobernador”, criticó el diputado cobista.