El Gobierno de Corrientes ratificó ayer que responderá el pedido de la Corte Suprema de Justicia, sobre el impacto ambiental que podría provocar en la provincia el proyecto Ayuí, que un grupo de empresas pretende llevar adelante para abastecer a las arroceras con una represa de 8 mil hectáreas.
La noticia fue confirmada por el ministro de Producción de la Provincia, Jorge Vara, quien volvió a defender el emprendimiento que fue cuestionado ante la Corte por el gobierno nacional, por las denuncias de contaminación ambiental.
“Tenemos un plazo de diez días para contestar ese informe y lo haremos, porque confiamos en que este conflicto se va a resolver de forma adecuada”, dijo el funcionario en declaraciones a la prensa.
“En principio, me parece muy positivo que intervenga la Corte para aclarar todo lo que sea necesario, pero nosotros apoyamos esta obra porque consideramos necesaria para el desarrollo provincial”, agregó.
Vara explicó que la información que se enviará será la misma que su ministerio, a través del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), ya remitió hace unos meses a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru).
El gobierno correntino, que avala este proyecto con una ley provincial promulgada en junio pasado, buscará entonces en los próximos días demostrar ante los jueces del máximo tribunal del país que no existe contaminación del río Uruguay, ni del territorio provincial.
El informe que enviará establece, en síntesis, la audiencia pública realizada en Mercedes con la participación de 97 expositores, de los cuales siete cuestionaron el emprendimiento y el resto apoyó. También, contiene los estudios de impacto ambiental elaborados por técnicos de las empresas, del ministerio y de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).
El proyecto pretende tomar agua del arroyo Ayuí, en el centro del territorio correntino, y almacenarla en un lago de ocho mil hectáreas para abastecer a las empresas que producen un total aproximado de 20 mil hectáreas de arroz.
Como el Ayuí es un afluente del Uruguay y asociaciones ambientalistas denuncian que el agua contaminada por agroquímicos volverá a su curso por el sistema de riego, y contaminará al río que divide Argentina con el vecino país, el Estado nacional fue a la Corte con el intento de frenar dicha obra.
Éste es el primer paso que da la Corte al declararse competente para entender en el conflicto planteado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández hace diez días, cuando presentó una medida cautelar.
En definitiva, luego de haber informado el martes pasado que se declaró competente para entender en el conflicto, será la Corte la que deberá determinar si la obra podrá hacerse o frenarse. Los ministros del alto tribunal deberán precisar si el emprendimiento es violatorio del Tratado del Río Uruguay.