Entre los problemas que debe afrontar la ciudad de Córdoba, hay dos que en los últimos días fueron noticia de primera plana y que, al parecer, el Gobierno provincial y el municipio finalmente decidieron encarar. Uno es el de los controles del consumo de agua, a través de medidores; el otro, el de la descarga ilegal de basura en los baldíos, la avenida Costanera y lugares abandonados. Son dos cuestiones íntimamente relacionadas, porque hacen a la calidad de vida de la gente y la defensa del medio ambiente.
Sin agua o con escasez de ésta, ninguna gran urbe puede subsistir de modo decente; con basurales desparramados por todas partes, tampoco. Y la acción gubernamental cuenta tanto como la responsabilidad de los vecinos, ya que éstos muchas veces también son culpables de los males que afectan a una ciudad, máxime en épocas de inclemencia climática, como la actual, en la que hace varios meses que no llueve y la cota de los diques empieza a bajar en forma inquietante.
En ese sentido, es preciso insistir en los dos aspectos de la cuestión: el Estado debe controlar, supervisar e incluso castigar cuando corresponda, pero los ciudadanos deben poner su parte, porque si no, es imposible alcanzar ambos objetivos.
Lo admitió con claridad una vecina del barrio Cerro de las Rosas, quien señaló que paga 48 pesos por mes a Aguas Cordobesas y agregó que si en su casa tuviera medidor, “a lo mejor en vez de desagotar la pileta y llenarla cuando llega la primavera, la mantendría limpia todo el año”. A confesión de parte, relevo de pruebas, como dice el viejo refrán jurídico.
La gente, aun la más buena y bien intencionada, es esclava del rigor. Hace muy bien en defender sus derechos, pero a veces no cumple muy bien con sus deberes. Lo mismo pasa con la basura, ya que está bien que la gente quiera sacar la basura o los desechos del frente de sus casas, pero la basura debe ser enterrada o tratada en algún sitio apropiado y no en cualquier lado.
La Municipalidad de Córdoba debe controlar y sacar a sus inspectores a la calle. Un municipio con 10 mil empleados, la mayoría sentados en oficinas, no sirve para mucho. Está bien que los carreros transporten residuos a cambio de una contribución voluntaria de los vecinos, pero debe haber un acuerdo muy explícito con ellos, para que lleven la basura a los lugares adecuados.
En este sentido, debe haber un control muy riguroso de parte de la autoridad municipal, porque de lo contrario se puede entrar en un círculo vicioso, ya que para solucionar un problema se crea otro igual o más grave, como el amontonamiento de residuos o desechos en lugares que contaminan el ambiente.
Tiene que haber, pues, responsabilidad del Estado, pero también de los vecinos, que son ciudadanos que tienen derechos pero asimismo obligaciones que cumplir.