En pleno verano, hace un tiempo, una trabajadora doméstica se negó a baldear la vereda del domicilio de cuya limpieza se encargaba. Explicó a su empleadora que la mortificaba tener que utilizar para tal cometido lo que faltaba en su hogar y en el sector ciudadano que lo contenía. No otra cosa que el agua potable que, según entendía, se malgastaba en algo no imprescindible.
Otra vecina, en cambio, a la que se cuestionó por el exceso en que incurría contrariamente, respondió que ella pagaba por el agua que utilizaba. En su entender, argumento suficiente para oponer al planteo respecto de extendida conducta que, en este, como en otros aspectos relativos a la convivencia, no tiene en cuenta al factor solidaridad.
De esto se trata actualmente en nuestra ciudad, acosada por un déficit que vino creciendo en paralelo con el aumento de su población y de las actividades productivas, frente a lo cual no se actuó con la firmeza y decisión que la circunstancias exigían. Y el sentido común aconsejaba, respaldando en las concretas evidencias del proceso de expansión en distintos órdenes que caracterizaba la realidad. Era inexorable, por consiguiente, el arribo a la crítica situación en que se encuentra Rafaela.
Admitido que el agua es esencial e insustituible para la vida, resulta difícil entender desde la lógica el soslayo de la cuestión en la agenda pública durante tanto tiempo, a contrapelo de los hechos que generaba la escasez. Ahora, en el marco creado por la crisis y la imposibilidad de salvar las limitantes que condicionan el servicio, la estrategia pasa por tratar de atenuar los efectos ya instalados, recurriendo a medida que pudieron adoptarse mucho antes. Por ejemplo, aquellas que por vía de la concientización indujeran a comportamientos racionales y solidarios en el aprovechamiento del escaso recurso. O medidas preventivas cuya aplicación requiriera del rigor necesario y justificado por la finalidad motivadora de estas.

HAGAMOS ALGO
En dos oportunidades en esta década Agua y Futuro propuso, a nivel municipal (Concejo e Intendencia), la realización de campañas de esclarecimiento sobre la problemática que la inminencia de los fuertes calores reactualiza con sombríos caracteres. Recibidas con beneplácito en principio, sea por indiferencia, soberbia, naturaleza o miseria política, en orden práctico ninguna prosperó. Al igual que ocurrió con la iniciativa de llevar la cuestión al ámbito de la educación primaria y secundaria de la ciudad.
No encontró respuesta nuestra inquietud respecto de la necesidad de un plan destinado a responder apropiadamente a eventual situación de emergencia. En verdad, en los términos deficitarios de hoy y la agudización deductible entonces, una crisis ya planteada, que una indeseable avería en el sistema de aprovisionamiento desde Esperanza llevaría a extremos difíciles de manejar. En tal sentido, las experiencias de dos accidentes ocurridos años atrás, si bien prontamente superados, no fueron tomados en cuenta a los fines de decisiones en materia preventiva.
En un contexto para nada novedoso, frente al despertar de la hora actual, cuando el asunto quema, las largamente olvidadas responsabilidades oficiales de ambas partes (municipio y empresa) pasan a ser compartidas con terceros, en primer término, los propios daminificados.
Es decir, los usuarios, víctimas de la inoperancia que predominó durante años. Será, tal como se resolvió en reciente ocasión, una comisión multisectorial la encargada de buscar respuestas a las consecuencias de un abandono patentizado en lo que se muestra.
En la agenda a abordar por los comisionados resalta con caracteres sobresalientes el tema de los medidores. En el auspicioso arranque de la privatización (1995) campeaba el compromiso empresario de colocarlos rápidamente. No cumplió, ni la Provincia se preocupó por ello. Era claro que al concesionario no le interesaba cobrar por consumo, no importaba a las partes que muchos usuarios pagaran por un servicio deficiente. En el tiempo que siguió a la caída de la concesión no se reparó en la importancia de la medición como factor moderador del consumo.
El punto es que ahora se piensa en controles para evitar el abuso. La novedad, en este orden de cosas, vendría por la posibilidad de recurrir a la Justicia: en los casos de resistencia a la verificación, se optaría por allanar el domicilio previa autorización del tribunal. El criterio de sancionar la conducta "antisocial" que se esgrime aparece cuando las "bombas chupadoras", por ejemplo, pasaron a ser el recurso empleado en el virtual conflicto silencioso planteado entre vecinos, el que dejó de ser una novedad hace tiempo y es recién admitido. Al igual que la práctica del llenado de piscinas con agua de red.
¿Qué impidió antes a la autoridad municipal, incluido el Concejo, dictar medidas de control cuando todo indicaba que se llegaría a la situación en que nos encontramos? A lo que en esta circunstancia se plantea en términos que rondan lo coercitivo, no debió haber mediado la decisión de abordar el problema como una cuestión de Estado. Con la altura de miras que nos se tuvo, con un programa claro y consensuado que tuviera al interés común en juego como objetivo excluyente a resguardar. En pocas palabras, política en serio.