El Consejo de Ministros tiene previsto dar hoy luz verde al real decreto que regula la aprobación de los planes de cada cuenca hidrográfica. En la norma, el Ejecutivo se reserva el derecho de aprobar la planificación o prorrogar planes existentes (de 1998), si no hay acuerdo entre las autonomías afectadas. Los planes fijan los consumos y los caudales ecológicos.
El texto tiene especial relevancia en la cuenca del Júcar, donde Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana mantienen una dura pugna. La primera autonomía pide trocear la cuenca existente, como dictó el Tribunal Supremo en 2005. El argumento del alto tribunal es que los ríos que nacen y mueren en una sola comunidad deben ser gestionados por la autonomía, como dicta la Constitución. Con ese criterio, la actual cuenca del Júcar, que va de Tarragona hasta Alicante, quedaría dividida en una decena de pequeñas cuencas con poco caudal gestionadas por la Comunidad Valenciana.
La demarcación del Júcar comprendería solo al río y sus afluentes, y la mayor parte de la misma estaría en Albacete. Valencia y Sagunto, por ejemplo, quedarían fuera del Júcar pese a que actualmente beben de ese río. El Ejecutivo valenciano pidió a cambio que también se crease una cuenca en Albacete sin salida al mar.
El Ministerio de Medio Ambiente ve muy difícil conciliar los intereses autonómicos en ese territorio y puede prorrogar la planificación actual. Sus responsables consideran que se debe buscar el consenso en la planificación hidrográfica, pero recuerdan que consenso no es sinónimo de unanimidad. Si no hay acuerdo, y ante la exigencia de la Comisión Europea, que pide recibir ya los planes, prevé sacarlos próximamente a exposición pública para alegaciones cuenca a cuenca.