Grandes usuarios de energía eléctrica que tienen sus fábricas, industrias y comercios en La Matanza están siendo intimados por el municipio para que paguen una "contribución" del 6,4% de su facturación, la que ya se encuentran abonando a través de las facturas de Edenor. Este porcentaje a recaudar surge de los establecido en la ordenanza fiscal 19.296 y la ordenanza tarifaria 19.297.
"Estas decisiones confiscatorias desalientan cualquier proyecto de inversión en La Matanza, fomentando el éxodo industrial hacia otros municipios más serios y previsibles", se quejan a coro los empresarios consultados en estricto off de record, por temor a futuras represalias desde la municipalidad.
"El intendente Fernando Espinoza tiene un interés puramente recaudatorio porque la caja no le cierra, pero no mide los efectos negativos que implica esta medida", completan los ejecutivos.

Proponen banco coparticipativo
Varias empresas de La Matanza se encuentran en conversaciones para impulsar en el partido un banco coparticipativo. Por lo pronto, aprovechando las próximas elecciones, están reuniéndose con los principales candidatos para hacerles conocer el proyecto. El objetivo de la nueva entidad será otorgar crédito a tasas subsidiadas a los comerciantes, emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas de La Matanza en pos de mejorar la economía regional a través de la creación de empleo, según afirman.

De hecho, en La Matanza se encuentran empadronadas unas 3.000 empresas de diversos rubros, desde alimenticias, metalúrgicas, frigoríficos y matriceras. De ese total, en los últimos doce meses alrededor de 300 compañías achicaron sus operaciones a la mitad en el partido o se mudaron por completo a otras localidades lindantes, que les ofrecen un mejor panorama para hacer negocios, como el caso de Tres de Febrero, Morón y Ezeiza.
Por otra parte, suman razones para la migración. Según un empresario, "dentro de la Secretaría de Medio Ambiente trabajan 10 ingenieros que, a su vez, tienen sus estudios. Cada uno controla a 300 empresas. Nos cobran un abono de entre $ 1.850 y $ 3.000 mensuales, según el tamaño de la empresa, para hacernos el seguimiento de las presentaciones. Si no, nos clausuran", cuenta un empresario. "Ahora, cuando sale una nueva ordenanza, como el caso de la última, que fue la 15.314, el importe a pagar va desde los $ 20.000 hasta los $ 35.000, ya que teóricamente nos hacen un estudio de impacto ambiental y de calidad del aire, además de darnos el plano de obra y el plano electromecánico aprobado por el municipio", completa la fuente. "Dudo de cómo se lleva a cabo el trabajo, ya que según Acumar (el ente que regula la Cuenca Matanza Riachuelo), siete de cada diez empresas son agentes contaminantes y, por lo tanto, se encuentran en proceso de clausura", alerta otro ejecutivo.
Para confrontar estas denuncias El Cronista se comunicó, sin éxito, decenas de veces tanto con la oficina de prensa como con la privada del intendente.