En su resolución, Armella solicitó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y a la empresa AySA un informe “individualizando, con nombre y apellido, a cada una de las personas responsables para la adecuada prosecución de las acciones pertinentes a la limpieza de las márgenes del río y arroyos tributarios”.
Para cumplir con la labor de la limpieza de las márgenes del río, AySA firmó convenios con los municipios de Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Esteban Echeverría, Almirante Brown, La Matanza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, dichos municipios asignaron para esa tarea a cooperativas de trabajo, integradas por personas desocupadas o en situación de vulnerabilidad social.
Es por esto que el magistrado quiere saber quiénes son los responsables de realizar esos trabajos, “a los fines de poder llevar adelante un control apropiado de las tareas que vienen desarrollando las Cooperativas implicadas en la remediación ambiental”.
“Corresponde requerir a la Autoridad de Cuenca y AySA que se manifieste sobre cómo están desarrollando las tareas saneadoras dichas Cooperativas, si las mismas vienen acompañando los ritmos de trabajo impuestos por AySA, si los Municipios le están dando el uso correcto a los recursos materiales, tecnológicos y humanos que se han destinado para las tareas relativas a la limpieza de los márgenes del río, y todo aquello que fuera relevante en la prosecución de dichas tareas”, afirmó.
Asimismo, el Juez Federal detalló que “resulta necesario que tanto la ACUMAR como AySA denuncien en autos si hasta el momento han advertido la interferencia de las labores debido a cuestiones políticas, falta de idoneidad en alguno de los cooperativistas, o cualquier tipo de entorpecimiento u obstaculización de hecho o de derecho que distraigan la efectiva obra pro ambiental”.

Allanamientos
Por orden de Armella se allanaron empresa de los márgenes del Riachuelo. Se dispuso el allanamiento de una empresa metalúrgica ubicada en Avellaneda, a los fines de remover los obstáculos de esa compañía existentes en los márgenes de la Cuenca.
El magistrado señaló que el objetivo es la liberación del llamado “Camino de Sirga” y la puesta a disposición de esa zona en forma inmediata y efectiva al Estado, para “evitar nuevas usurpaciones”. Ello, en virtud de la exigencia de que los propietarios de tierras que limitan con cursos de agua están obligados a dejar un camino público de 35 metros hasta la orilla (camino de sirga).
La resolución se efectuó con personal de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), junto a Prefectura Naval Argentina.