Al menos 18.000 familias del Área Metropolitana se abastecen de agua potable, gracias a conexiones ilegales que afectan los ingresos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Se trata de unos 90.000 usuarios afincados en precarios sobre terrenos del Estado, normalmente en zonas de riesgo como laderas inestables o cerca de los ríos.
Muchos de ellos rompen las calles o las aceras para buscar una tubería de suministro del AyA. Desde ahí se conectan con mangueras o tubos plásticos de mala calidad, amarrados con pedazos de hule o plástico que facilitan las fugas y el desperdicio.
Otros optan por romper tanques o violentar estaciones de rebombeo, en las partes altas de las montañas.
Los problemas se presentan en decenas de asentamientos informales desperdigados de este a oeste, desde Tres Ríos de La Unión hasta Mora; y de norte a sur, desde Coronado y San Pablo de Heredia, hacia Desamparados, Alajuelita y Escazú.
Las cifras las obtuvo el AyA en consideración a la cantidad de familias en precario que habitan la zona central del país.
Sin facturar. Estas 18.000 conexiones ilegales consumen 250 litros de agua por segundo, tres veces lo que gastan las 4.500 familias que habitan San Pablo de Heredia, según precisó Germán Mora, subgerente de investigación y desarrollo de AyA.
Al mes, Acueductos deja de facturar 450.000 metros cúbicos de agua potable, el equivalente a ¢170 millones mensuales y ¢2.400 millones al año.
Esta cifra representa el 7% de la facturación final, añadió William Delgado, director de la zona dos del AyA, que comprende Desamparados, Curridabat, Montes de Oca, Tres Ríos y Aserrí.
Este monto se incorpora dentro de los cálculos de operación de todo el sistema y se pasa a las tarifas que pagan los 500.000 clientes de AyA, explicó el presidente ejecutivo, Óscar Núñez.
No se les puede negar . Cuando se trata de precarios asentados en zonas seguras, Acueductos les ofrece una paja gratuita de agua, para que los beneficiarios puedan abastecerse con baldes.
Lo que ocurre, dice Núñez, es que “a la gente le da pereza jalar agua” y entonces prefieren buscar una tubería y conectarse.
Sin embargo, aún cuando esas personas vivan en zonas de riesgo, como montañas o laderas de ríos y sitios propensos a inundaciones, no se les puede negar el recurso.
Allí no pueden instalar medidores ni cobrar recibos, pero al menos deben instalar una llave pública.
En ninguno de esos casos, se puede promover la desconexión del servicio por falta de pago, porque el acceso al agua potable es un derecho constitucional, de acuerdo con resoluciones de la Sala IV.
“Lo que pasa es que la Sala solo ve el agua como un bien social, y no como un bien económico”, agregó William Delgado.
Óscar Núñez no descarta que a futuro sea necesario plantearle a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos una variación en la fórmula de cálculo de las tarifas.
El propósito sería incorporarle un componente adicional a la fórmula para poder ofrecer tarifas subsidiadas a ciertos grupos de población vulnerable.
Vandalismo. Además de la pérdida de líquido y que el agua no se le puede cobrar a nadie, el AyA tiene que enfrentar decenas de daños colaterales.
Por ejemplo, cuando se habilita una toma ilegal para abastecer a varias familias de un precario, los usuarios formales comienzan a reclamar desabastecimiento o reportar tuberías rotas.
Aunque no lo tienen cuantificado, en Acueductos y Alcantarillados sostienen que las cuadrillas están “todos los días”, solucionando este tipo de averías.
Otro problema, es que también hay quienes aprovechan y se roban los codos metálicos que sirven para interconectar tuberías, así como las tapas de alcantarillas, tapas de tragantes y hasta los medidores, para luego venderlos en fundidoras.
Según Núñez, aprovechan todo lo que se pueda fundir como hierro, cobre o bronce.
“La mayoría es para financiar el consumo de drogas, es todo un problema social”, declaró el jerarca de Acueductos.