Un experto en regulación confronta al Enress con un concepto provocador para los empleados del Ente Regulador de Servicios Sanitarios: sostiene que es apenas “un mito” pretender que el regulador sea independiente. Y que hay un inevitable carácter político -una forma de ejercicio del poder- en cómo se regula la provisión, el acceso o la ausencia de agua potable y cloacas, en cualquier sociedad.
José Esteban Castillo estudió sociología en la Universidad Nacional de Buenos Aires y trabajó en Flacso. Desde hace décadas es docente de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido. Esta semana estuvo en Santa Fe y Rosario, donde brindó conferencias y habló con actores del saneamiento.
El sociólogo advierte que la lógica de las privatizaciones continúa aún en donde se reestatizaron los servicios, como en Santa Fe, “si es que se pretende que las empresas estatizadas se comporten como si fueran privadas”. Entiende que una forma de hacerlo es dirigir las inversiones sólo a donde se puedan recuperar o tener a la universalización del servicio como una urgencia.
El plantel del ente de control escucha, opina y revisa o confirma sus convicciones. También revive los años de la prestación del agua potable y las cloacas en manos del grupo francés Suez.

Paradoja británica
En sus más de 20 años de residencia en las islas británicas, Castillo ha estudiado -y observado de modo directo- los cambios en las políticas públicas frente a la provisión de los servicios de agua potable y cloacas. Sostiene que es interesante no perder de vista que en los conservadores años de la década del ‘90 “revivió desde las islas al mundo, un paradigma cuyo fracaso había sido demostrado -en la práctica- en el siglo XIX, precisamente allí”.
Es que en Inglaterra y Gales el agua filtrada y transportada en cañerías a los hogares fue estatizada en 1902, por un gobierno conservador, para terminar con infinidad de prestadores privados que -en el marco de unas completas libertades del mercado- la vendían como otra mercancía más.
Subrayó que el diario The Economist, siempre abanderado de la gestión privada, en un artículo de 1850 urgía la estatización: eran tiempos de pestes y descubrimientos de la relación entre agua y salubridad. Con sentido práctico -los liberales de entonces fueron menos dogmáticos que hoy-, hicieron que las llamadas aguas sucias fueran desarrolladas por el Estado, al advertir que no eran un negocio rentable como distribuir agua. Londres tuvo el primer servicio de cloacas subterráneo.
Es interesante advertir que aún con una gestión estatal esos servicios eran “sólo para quienes pudieran pagarlos” y que el objetivo de la universalización no existía. Recién al terminar la segunda guerra mundial se busca que el agua potable llegue a todos los ingleses, lo que recién se logra en 1950.
Esa tradición política del welfare (o estado de bienestar) subsidia servicios y parte de una novedad para el liberalismo: los monopolios naturales -sobre todos los que dependen de redes públicas- son imperfecciones del mercado, que se necesita corregir. La pulseada fue sólo ideológica con los ultraliberales que consideran anatema la sola mención de regulaciones o intervenciones estatales.

Contextos
La saga de los servicios públicos de agua y cloacas en la Argentina fue inversa a lo ocurrido en Londres. Aquí de Obras Sanitarias de la Nación se pasó a su provincialización, de allí a la privatización de los mercados urbanos más importantes: de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza.
Recordó que la privatización argentina (como la santafesina) se justificó en el loable objetivo de la universalización del servicio (de hecho, el objetivo a alcanzar en el 10mo. año de la concesión a Suez era dar agua potable y cloacas a todos los usuarios potenciales). El resultado es conocido.
Castillo subrayó que el contexto histórico del thatcherismo -aquí menemismo- no achica el Estado. “Expande la regulación, al dejar en manos de privados las prestaciones”.
De inmediato, invitó a preguntarse a los reguladores “sobre qué, para qué y para quién” se regula. No necesitó decirles a los empleados del Enress que la réplica local de la ola neoconservadora creó al organismo.
Las preguntas de quienes trabajan en el Enress fueron entonces tan ricas como la exposición. Y destacaron que más que “su independencia” los reguladores deben ser custodios de su autonomía. No perder la posibilidad de contradecir al gobierno o a los intereses de las empresas a controlar.
Castillo subrayó que es importante que el control no pretenda que la ahora estatal Assa deba “emular el mercado”. Destacó que “los controladores deben vigilar especialmente los estándares, los niveles de calidad y de eficiencia”.
Cuando uno de los empleados dijo sin medias tintas que aquí había hablado de cerrar el Enres porque Assa es pública, respondió: “Es un gran problema el del gato y el ratón, creo que ahí la respuesta es la autonomía. No sólo se debe regular lo privado, se deben regular los servicios públicos. Lo que importa en esto es la madurez (en términos políticos). Vemos que aquí los actores que lucharon contra la privatización, hoy luchan por controlar al Estado”.

Eufemismo inglés
“Sí, esto es muy inglés”, explica el Dr. Castillo sobre una traducción literal al castellano. El PowerPoint proyectado a los empleados y directivos del Enress dice textualmente que “el servicio público de agua potable en el Reino Unido no carece de problemas”.
El eufemismo resume el formato del conflicto por el acceso al agua potable en Inglaterra y Gales, donde no hay manifestaciones callejeras como ocurrió en Santa Fe con la Asamblea Provincial del Agua cuando actuaba Suez, o piquetes y movilizaciones masivas como en Cochabamba y La Paz (Bolivia), o protestas violentas como en Sudáfrica.
En el primer mundo, el debate sobre los modelos para prestar el servicio público transcurre en el campo de la reflexión académica, las polémicas parlamentarias a través de la prensa y las decisiones políticas.
Dijo Castillo que recientemente el periódico especializado en economía The Guardian (el sociólogo lo describió como el custodio de los intereses de las empresas inglesas) sostuvo que, tras el rescate de los bancos en el Reino Unido, será el turno de las empresas de agua, que han acumulado un rojo de 24.000 millones de libras (unos 38.000 millones de dólares).
El sector privado del saneamiento inglés que, en efecto, no carece de problemas fue el modelo sobre el que se hicieron otras privatizaciones, sobre todo en la Argentina.
De la charla de Castillo se desprenden los siguientes números.
- 16 % de la población europea no tiene agua potable en sus viviendas.
- 15 % y hasta el 20 % de los usuarios de los servicios de agua potable londinenses (privados) son “deudores estructurales”.
- 6 % anual es la tasa máxima de ganancia permitida en Europa y los países centrales a los proveedores de servicios públicos; la regulación rige desde la salida de la crisis de 1930.
- 12 % fue la rebaja en el servicio de agua potable y cloacas a que obligó el gobierno laborista de Tony Blair a las empresas privadas prestadoras de los servicios de agua potable y cloacas. Además, les aplicó duras multas por no cumplir con sus inversiones, según la privatización de Margaret Thatcher de 1989.