El gobernador, José Alperovich, se distanció de las denuncias relacionadas con la planta de Pacará Pintado, al afirmar que no está interiorizado de los documentos que responsabilizan al vaciadero de residuos domiciliarios con la contaminación ambiental en aire, suelo y agua. "No conozco bien ese informe, pero en poco tiempo más, en 10 o en 15 días, vamos a estar tirando la basura en Overa Pozo. Este emprendimiento está encarado con fondos propios", sostuvo.
Las pericias fueron ordenadas por la Cámara en lo Civil y Comercial Común (la integran Carlos Ibáñez y Augusto Avila) en el contexto de la causa impulsada por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán contra la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL.
El documento, firmado por María Luisa Genta, confirma en la zona la presencia de metales pesados, emisión de gases y existencia de contaminantes fecales.
El responsable de la empresa, Mario Delfor Criado, deberá comparecer el jueves ante el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, para prestar declaración indagatoria respecto de la responsabilidad de la planta en la contaminación del río Salí. El expediente es tramitado en la Justicia Federal por el carácter interprovincial del río. Racedo podría pedir el informe de Genta para formar criterio.
Seis ciudades del Gran San Miguel de Tucumán (capital, Banda del Río Salí, Alderetes, Las Talitas, Tafí Viejo y Yerba Buena) conformaron un consorcio intermunicipal que tiene a su cargo la gestión integral de la basura. Este cedió en forma directa a Servicios y Construcciones La Banda SRL los derechos de explotación de Overa Pozo. A ese predio de 100 hectáreas, ubicado a unos 50 kilómetros al este de San Miguel de Tucumán, irán a parar unas 800 toneladas de residuos por día, más del 60% de los cuales se recolectan sólo en la capital.