Después de declararse competente para pedir explicaciones en la acción de amparo promovida por el Estado nacional ante el proyecto productivo Ayuí Grande, que prevé realizar una represa para regar cultivos de arroz, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió al Gobierno provincial que informe sobre el emprendimiento.
Este viernes 24 de septiembre vence el plazo que tiene la Provincia para enviar la primera respuesta solicitada por el máximo tribunal de Justicia. “Ahora tenemos que informar solamente si se iniciaron las obras o no. Eso está claro, las obras no comenzaron pero antes del viernes tendrá el informe la Corte”, adelantó a El Litoral el ministro de la Producción, Jorge Vara.
En un principio, el administrador general del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), Mario Rujana explicó a este diario que “nuestro informe fue elevado a la Escribanía de Gobierno porque ahí deben certificar hoja por hoja la documentación; después eso va a la Fiscalía de Estado porque es el fiscal quien envía, en nombre del Gobierno provincial, lo solicitado por la Corte”.
En ese sentido, Vara mantuvo la cautela y no quiso adelantar demasiado, pero admitió que “se está terminando de preparar” lo que enviarán a la Suprema Corte. Asimismo, comentó que el informe sólo explicará la cuestión que tiene que ver con la afectación sobre el río Uruguay porque es eso lo que la Justicia necesita saber.
“El tema de los bosques nativos y recursos naturales es potestad de la provincia”, aclaró Vara al tiempo que advirtió que “la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Bosques” podría convertirse en una piedra más en el camino. No obstante, aclaró que irán paso a paso y esperan así con muchas expectativas la decisión de la Suprema Corte de Justicia.

El fallo
El 14 de septiembre pasado, por unanimidad, los 7 ministros de la Corte firmaron el fallo que tiene una extensa argumentación en la que se detalla que el emprendimiento conocido como “Proyecto Productivo Ayuí Grande” consistiría en inundar unas 8 mil hectáreas para conformar un reservorio de agua para riego de unas 77 mil hectáreas de cultivo de arroz y otros granos.
En el primer punto resolutivo declara la competencia de la Corte y luego intima al Gobierno correntino para que informe “si han comenzado las obras correspondientes al emprendimiento y, en tal caso, el estado de avance en que se encuentran; en su defecto, deberá informarse para qué fecha se encuentra programado el inicio de las tareas de construcción de dicho proyecto”.
Por otro lado, Corrientes dispondrá de un plazo de 30 días para remitir los informes que le fueron pedidos por la Cancillería para que las autoridades nacionales puedan evaluar si las obras se encuentran alcanzadas por el ámbito de aplicación del Estatuto del Río Uruguay.