Tres gobernadores de provincias con intereses mineros plantearon ayer en el Senado su rechazo a que el Congreso sancione una ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, al reivindicar la potestad de sus distritos para disponer de sus riquezas naturales, consagrada por la Constitución nacional.
El debate, que se dio en la Comisión de Ambiente del Senado, se centró entre los intereses mineros y la necesidad de preservar el agua dulce.
La postura de los gobernadores de San Juan, La Rioja y Jujuy chocó de frente con la planteada por organizaciones ambientalistas, especialistas en nivología y derecho constitucional, que pidieron la sanción del proyecto que aprobó la Cámara de Diputados en agosto último. Estos grupos dejaron traslucir que detrás de la postura de los gobernadores se encuentran poderosos intereses económicos.
La posición que plasmaron los gobernadores es la de máxima, aunque saben que la Cámara alta deberá votar una de las dos opciones (la versión de presupuestos mínimos aprobada por Diputados o insistir en su proyecto del año pasado) cuando el tema se discuta el jueves de la semana próxima en sesión especial.
La tensión entre ambos sectores se pudo percibir a lo largo de la extensa audiencia organizada por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Humano del Senado. Tanto fue así que el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, se quejó porque le habían endilgado ser "el más envenenador, el más empleado de cuanta empresa minera hay en la Argentina".

Respaldo del Ejecutivo
El mandatario sanjuanino rechazó la propuesta que viene de la Cámara baja y fundamentó su postura en el respaldo que, dijo, recibió del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni. Según Gioja, el funcionario le dijo que "estaba convencido de que la ley que viene de Diputados iba a ser una fuente generadora de conflictos".
Esto provocó sorpresa entre los senadores presentes, que pidieron citar a Bibiloni para el martes próximo.
Más frontal en el rechazo a cualquier norma que regule la protección de los glaciares se mostró el gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo. "Esto que se está por hacer aquí es un acto de hostilidad", sentenció.
"Los recursos naturales son de las provincias", acotó su colega de La Rioja, Luis Beder Herrera, quien agregó: "Confíen en nosotros, que vamos a hacer las cosas bien".
Los mandatarios recibieron el apoyo del secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, quien avaló la versión aprobada por el Senado el año pasado, aunque también rechazó de manera implícita la regulación que se dispone a sancionar el Parlamento. "Ningún sector como el de la minería necesita tantos marcos normativos", opinó el funcionario.
La segunda etapa de la audiencia, que duró más de cinco horas, estuvo ocupada por las voces contrarias a la postura de los gobernadores y del Poder Ejecutivo, que ya se habían retirado del encuentro.
Así, el representante de la organización ambientalista Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, acusó a los gobernadores de hacer "terrorismo conceptual" por haber mostrado un mapa, según el cual, si se aprueba el proyecto de la Cámara baja, más de la mitad del país quedaría incluido en las áreas protegidas y, por lo tanto, vedadas a la explotación minera e hidrocarburífera.
Por su parte, el representante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Luis Fauqué, denunció que la versión del Senado, apoyada por las provincias mineras, "debilita deliberada y notoriamente" la protección de los glaciares.
En contra de los intereses mineros también se manifestó Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan. "Como dijo Sarmiento, el agua es para San Juan como la sangre para el cuerpo humano, y la minería nos saca el agua a los productores", afirmó.