La planta de tratamiento de efluentes que debía construir Pacará Pintado para evitar que elementos contaminantes lleguen al río Salí permanece inconclusa, a juzgar por el oficio que el juez federal Nº 2, Mario Racedo, giró a la Secretaría de Medio Ambiente provincial.
Racedo interviene en el marco de una investigación abierta ante la posibilidad de que residuos sólidos o líquidos del predio contaminen las aguas del río Salí, que fluyen a unos 100 metros. Precisamente, el magistrado tomará mañana a las 9 declaración indagatoria a Mario Delfor Criado, representante de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, que explota la planta de tratamiento de la basura.
Ayer, el juez subrogante pidió al secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalbán, que en un plazo de 72 horas le precise si Pacará Pintado tiene previsto o si la Provincia le ordenó a esa empresa que complete las obras de la "inconclusa planta de tratamiento de efluentes". Además, le solicitó que detalle si la firma presentó un plan de cierre como planta de disposición final de los residuos sólidos urbanos, atento a que el gobernador, José Alperovich, anticipó que en un par de semanas comenzará a depositarse la basura en un predio de Overa Pozo, al este tucumano.

Plan de contingencia
En la causa, Racedo interviene a partir de una actividad preventiva concretada el 31 de octubre de 2007 por Gendarmería Nacional, que alertó acerca de que en el lugar podrían violarse las disposiciones de la Ley 24.051 (de Residuos Peligrosos). El eventual derrame de efluentes a un cauce conectado a un sistema hídrico interjurisdiccional (el Salí-Dulce, que desemboca en Las Termas de Río Hondo) es lo que justifica la competencia federal.

Precisamente, el martes 14 el juez concretó una inspección ocular en el predio, acompañado por los peritos Jorge Albornoz y Juan Ruiz. La finalidad fue precisar algunos puntos vinculados con los resultados de las muestras tomadas por especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a mediados de 2009. Luego de esa fiscalización en el predio, Racedo libró la citación a indagatoria de Criado.
El objetivo de las medidas encargadas a los universitarios era constatar si la empresa Servicios y Construcciones La Banda contaba con las construcciones adecuadas para evitar el vertido de residuos a cursos de agua que derivan en otros de proyección interjurisdiccional. Además, Racedo quería saber si esas defensas, en caso de existir, servían para evitar el derrame durante las épocas de lluvia.
La medida también apuntaba a determinar si la empresa, encargada de la recolección de residuos industriales y domiciliarios, disponía de una planta de tratamiento de residuos o, en caso contrario, dónde son volcados estos. Con tal fin autorizó a que fueran tomadas muestras líquidas y de desperdicios sedimentados, para efectuar los correspondientes análisis de laboratorio.
En el oficio que deberá responder Medio Ambiente, Racedo pidió que en caso de que Pacará Pintado siga funcionando luego del cierre como centro de separación y de transferencia de los residuos, se especifique en qué consiste esa tarea. Cabe aclarar que la continuidad de las operaciones de la planta como espacio de separación de la basura recolectada figura en el plan oficial de apertura de Overa Pozo.
Finalmente, frente a la llegada del verano y del período de mayores precipitaciones, el magistrado pretende conocer si la Provincia ya elaboró un plan de contingencia para evitar las descargas pluviales en el cauce del río Salí.

A otra parte
Seis ciudades (capital, Banda del Río Salí, Alderetes, Las Talitas, Tafí Viejo y Yerba Buena) conformaron un consorcio que tiene a su cargo la gestión integral de la basura. Este cedió en forma directa a Servicios y Construcciones La Banda SRL los derechos de explotación de Overa Pozo. A ese predio de 100 hectáreas, ubicado a unos 50 kilómetros al este de San Miguel de Tucumán, irán a parar unas 800 toneladas de residuos por día que hoy se depositan en Pacará Pintado.

Pedido a Amaya
El concejal José Luis Avignone (UCR) se presentó como "amicus curiae" (amigos del tribunal) ante el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Mario Racedo, en la causa que investiga si la planta de disposición final de residuos de Pacará Pintado contamina, o no, el río Salí. Ayer, el edil opositor instó por nota al intendente, Domingo Amaya, a imitar su presentación. "De esa manera, hará respetar los derechos e intereses morales y materiales de los vecinos de San Miguel de Tucumán.

El PE debe responder por Pacará Pintado en Tribunales
Racedo sospecha que no se concluyó una planta para el tratamiento de efluentes
El juez federal N° 2, Mario Racedo, sospecha que la empresa que explota el centro de disposición final de los residuos de Pacará Pintado no concluyó con la construcción de una planta para el tratamiento de los efluentes. De esa manera, entiende, el predio puede haber contaminado el río Salí.
Precisamente, el magistrado libró un oficio a la Secretaría de Medio Ambiente para que informe si intimó a Servicios y Construcciones La Banda SRL a que complete las obras "de la inconclusa planta". En el marco de la investigación judicial, Racedo tiene previsto tomar mañana declaración indagatoria al representante de la empresa, Mario Delfor Criado.