Los gobernadores de tres de las once provincias cordilleranas y el máximo funcionario nacional para el sector minero, rechazaron ayer el proyecto de protección de glaciares aprobado en Diputados, con el argumento central de que los recursos naturales pertenecen a esas jurisdicciones.
Representantes de organizaciones ecologistas, en cambio, respaldaron el proyecto que viene de Diputados ya que además de los glaciares establece "presupuestos mínimos" para la conservación de las áreas aledañas o periglaciares, considerados ambos como reservas de agua potable.
El contrapunto tuvo como escenario la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, en una de las audiencias que deben culminar el jueves 30 con el tratamiento en el recinto.
Ayer, los gobernadores oficialistas de San Juan, José Luis Gioja; La Rioja, Luis Beder Herrera, y de Jujuy, Walter Barrionuevo, defendieron la potestad constitucional de las provincias para legislar sobre los recursos naturales. De ese modo respaldaron el proyecto que el año pasado sancionó el Senado y que no incluye a las áreas periglaciares, como sucede con el votado en Diputados.
La defensa más elocuente estuvo a cargo de Beder Herrera. "Las provincias cordilleranas, a través de la minería, pueden desarrollarse, pero esto lo impide el proyecto que viene de Diputados", dijo el riojano. Gioja advirtió, por su parte, que si la norma sale como viene de Diputados, "se judicializarán absolutamente todos los proyectos productivos que haya en todo el territorio abarcado por los periglaciares".
El mandatario de San Juan, donde opera la canadiense Barrick Gold en las minas a cielo abierto de Pascua Lama y Veladero, insistió: "Mi provincia tiene 82 por ciento de su superficie con montañas y desiertos. Hay un solo río y sólo 3 por ciento es zona cultivable. La minería es una actividad que hace crecer a la provincia".
La posición fue compartida por el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Dijo que los 400 proyectos mineros que hay en el país marcan un crecimiento del sector de más de 900 por ciento desde 2003 y dan empleo directo o indirecto a 450 mil personas.
Estos tres gobernadores, más los de Tierra del Fuego, Catamarca, Salta, Santa Cruz y Río Negro, entregaron a la comisión un documento para reforzar la autonomía de las provincias sobre la administración de los recursos naturales. Los únicos mandatarios cordilleranos que no lo suscribieron fueron el mendocino Celso Jaque, el chubutense Mario Das Neves y el neuquino Jorge Sapag.
La defensa que hicieron los tres gobernadores pareció reforzar la tendencia de que el jueves 30 el Senado terminará por insistir con su sanción original de octubre pasado, en lugar de aceptar los cambios que incorporó la Cámara baja a partir de un acuerdo entre el diputados opositor Miguel Bonasso y el senador oficialista Daniel Filmus. Bonasso lamentó ayer el "lobby de las empresas mineras" y reiteró que para captar voluntades de los senadores, al parecer hay "una Banelco de oro dando vuelta por el Senado".
Filmus aseguró ayer a este diario que la votación en el Senado se perfila "muy pareja". Pero según fuentes de todos los bloques, el kirchnerismo dejaría solo a Filmus y apoyaría la posición de los gobernadores "mineros". El resultado sería ampliamente favorable, ya que al menos 40 senadores rechazarían el proyecto de Diputados, mientras los que defienden la incorporación de las áreas periglaciares a la ley tendrían 26 confirmados.
"Terminará por primar un criterio de solidaridad regional, en vez del alineamiento partidario", pronosticó a este diario una fuente cercana al jefe del bloque kirchnerista en el Senado, Miguel Angel Pichetto. Ante la comisión, el dirigente de la organización ecologista Greenpeace, Juan Villalonga, cuestionó a los gobernadores "mineros" por propiciar "el terrorismo judicial" al anticipar que no acatarán si se sanciona como llegó de Diputados.