A través de una declaración en conjunto, ocho gobernadores cordilleranos difundieron ayer un documento en el que defienden las autonomías de las provincias respecto a la protección de glaciares, y que entregaron a los senadores durante una audiencia desarrollada en la Cámara alta, en la que se analizó el proyecto de ley para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar.
Los gobernadores que suscribieron el documento fueron el de Salta, Juan Manuel Urtubey; de La Rioja, Luis Beder Herrera; de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral; de Jujuy, Walter Barrionuevo; de Río Negro, Miguel Saiz; de Santa Cruz, Daniel Peralta; y de San Juan, José Luis Gioja.
Los mandatarios sostienen que pretenden “proyectar un modelo de ley provincial de protección de glaciares y que cada uno de los firmantes se compromete a impulsar”. En su artículo primero, el documento sostiene que según la Constitución Nacional, “todos los recursos naturales, incluidos los glaciares, son del dominio de aquella provincia en cuyo territorio se encuentren”.
Remarcan que “resulta imprescindible la protección de glaciares que cumplan funciones como reservas estratégicas hídricas” y que continuarán “con la tarea de identificar y caracterizar los glaciares existentes”. Además, recuerdan que el artículo 41 de la Constitución Nacional “dispone que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.
“En virtud de ello, añaden, que el establecimiento de presupuestos mínimos ambientales por parte de la Nación debe limitarse a fijar legislación de base, quedando como competencia de las provincias las atribuciones de legislar por encima de ello y establecer los parámetros ambientales más rigurosos”.

La audiencia
Los mandatarios destacaron la existencia de sus propias leyes provinciales de protección de glaciares y reivindicaron la potestad de las provincias para velar por el cuidado del medio ambiente y a la vez, de la actividad productiva como la minería.
El Senado Nacional debe definir si respalda el proyecto que fue sancionado por esa Cámara en septiembre del año pasado, o se inclina por apoyar las modificaciones introducidas por Diputados. Es decir, que después de escuchar el martes que viene en la segunda sesión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable a los sindicatos de obreros mineros, las cámaras empresarias del sector y al secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, debatirá sobre dos proyectos de ley: uno es la sanción del Senado, votada en septiembre del año pasado e impulsada por el legislador oficialista Daniel Filmus, mientras que el segundo es la modificación realizada en la Cámara baja del expediente original, aprobada a principios de agosto de 2010, y que es más restrictiva en relación con los emprendimientos de exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Esta iniciativa fue impulsada por el diputado Miguel Bonasso.
Antes de la intervención de los gobernadores, un acuerdo entre Filmus y Bonasso, parecía encaminarse a convertirse en ley, pero la férrea posición de los gobernadores se hizo sentir en el Senado y puso en jaque dicho consenso.
Esto es así, porque los mandatarios explicaron tanto los alcances de las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional, por lo que consideran a los proyectos en danza como avasallantes respecto de las atribuciones de las provincias, como las normativas implementadas para preservar el medio ambiente, el valor que tiene el agua y los glaciares para sus administraciones y el desarrollo económico y social que viene produciendo la actividad productiva minera en los estados provinciales cordilleranos y su proyección, a la luz de la falta de otros elementos naturales productivos como grandes extensiones cultivables.