Ante la multiplicación de viviendas precarias en zonas inundables del río Salado, el director de Riesgo municipal, Eduardo Aguirre Madariaga (ver nota aparte), reclamó que el Concejo acelere la aprobación del Plan de Ordenamiento Urbano. Sin embargo, ediles opositores consideraron que es una responsabilidad del Ejecutivo.
El concejal Luciano Leiva (Frente para la Victoria) señaló que “este Plan de Ordenamiento tiene que ver con modificar el reglamento de edificación y zonificación, pero tal como está planteado no resuelve ningún problema”.
En tanto, Marcelo Ferreira (100% Santafesino) aseguró: “Es muy peligroso echarle la culpa al Concejo. Esto no tiene que ver con que exista una ordenanza más o una menos, sino con que cada uno tiene su responsabilidad. El Ejecutivo tiene una política para llevar adelante y debe tomar el toro por las astas”.

Problema histórico
Si bien Ferreira reconoció que “los asentamientos en zonas inundables siempre han existido”, consideró que se han “acentuado en esta gestión”.
En este sentido sostuvo: “Esto tiene que ver con un crecimiento y una ausencia de control por parte del Estado, tanto municipal como provincial; y con la falta de política de contención en algunos barrios. Todavía no sabemos si están en el plan de gobierno de Barletta”.
Para el concejal “no hay una política de control de los asentamientos” y comparó esta situación con la construcción de viviendas precarias en terrenos ferroviarios. “Por ejemplo, en Pompeya, hay casitas precarias en la zona de la vía. Esa gente no va a tener nunca la titularidad del terreno y eso hace que esté colgada de la luz, sin agua, etc.”.
Mientras tanto, Leiva reconoció que “es una realidad muy difícil” porque no se puede desalojar a la gente por la fuerza, pero a la vez es muy peligroso que estén en lugares inundables.

¿Y la solución?
El concejal de Frente para la Victoria destacó el trabajo que se viene realizando a través del Programa Mejoramiento de barrios (Promeba), financiado por la Nación, que apunta a la regularización de Santa Rosa de Lima, en materia de cloacas y desagües.
Leiva comentó que el municipio tenía un proyecto de definir el límite oeste de esa zona, a través de una calle o avenida, que la separara de los reservorios. “Yo confiaba en que ese proyecto tuviera posibilidad de contener a quienes se asentaban en las zonas inundables, que incluso ocupan los reservorios”, comentó el concejal. Sin embargo expresó sus dudas: “Probablemente quienes diseñen la traza urbana de Santa Rosa de Lima puedan resolver algo, pero no sé si se puede hacer definitivamente”.
Finalmente, Ferreira instó al ejecutivo a asumir una política de control. “Algunos sectores se dan cuenta de que existen estos asentamiento cuando vienen las inundaciones porque son los primeros afectados. Si hubiera un (poder) ejecutivo que controlara la ciudad, se podría evitar la proliferación de los asentamientos porque no crecieron de un día para el otro”.

Soluciones conjuntas
En un informe publicado por El Litoral el pasado sábado, el director de Riesgo de la Municipalidad de Santa Fe, Eduardo Aguirre Madariaga, reconoció que existe “una situación socioeconómica innegable que produce migraciones internas que derivan en este tipo de asentamientos”. Y recordó que existe un Plan de Ordenamiento Urbano que “espera su aprobación en el Concejo Municipal y que establece cuáles son las zonas de crecimiento seguro de la ciudad”.
Sin embargo, la provincia también está involucrada en la problemática y el funcionario remarcó la necesidad de encarar soluciones conjuntas. “A pesar de que estén dentro del ejido de la ciudad, los ríos son de dominio provincial y la autoridad de aplicación debería ser provincia”, concluyó Aguirre Madariaga.