La Ley nacional de protección de glaciares que busca sancionar el Congreso tomó ayer un giro inesperado: Los gobernadores de las provincias mineras avanzan fuertemente en un acuerdo con senadores para borrar algunos de los aspecto más polémicos de los artículos del proyecto Bonasso-Filmus, volviendo al original de Filmus.
En las negociaciones se encuentran los tres gobernadores que expusieron ayer en la Comisión de Ambiente del Senado, liderados por el sanjuanino José Luis Gioja; y por el otro lado; senadores entre los cuales algunos que tienen contactos con Bonasso, según pudo confirmar DIARIO DE CUYO.
La clave estaría en que la ley no modificaría artículos aprobados, pero volvería atrás con algunos de los agregados en la media sanción que obtuvo el proyecto conjunto Bonasso-Filmus, principalmente aquellos que las provincias consideran vitales para contar con una ley de presupuestos mínimos que no impida la realización de la minería en las jurisdicciones. En realidad, se trata de volver al proyecto Filmus en aquellos artículos que modificó Diputados y que son rechazados por las provincias. ¿Cómo podrían realizarse esas correcciones sin modificar la redacción del documento? Esta tercera salida -que por ahora cosecha ambigüedades y distintos pareceres entre los legisladores-, se basaría en el artículo 177 del reglamento del Senado, el que enuncia en su segundo párrafo que "cuando un proyecto de ley vuelve al Senado como Cámara de origen, con adiciones o correcciones, ésta puede aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones, o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones que las realizadas por la Cámara revisora".
Lo anterior se basa en que el proyecto del senador Daniel Filmus siempre fue el de origen, al que en Diputados se le anexaron términos y definiciones aportados por Miguel Bonasso, que causaron revuelo en las provincias cordilleranas y en otras jurisdicciones que sintieron vulnerados sus derechos constitucionales provinciales.
Operativamente, esta negociación que tiene como protagonistas a gobernadores de los Ejecutivos que ayer estuvieron presentes en el encuentro, como a senadores destacados involucrados en el proyecto, desde el jefe de bloque, Miguel Ángel Pichetto, el titular de la comisión, Eduardo Torres, hasta el mismo Filmus, entre otros.
Filmus, quien en un principio se resistió a "tocar" la media sanción de Diputados, en la reunión de ayer admitió que algunas cuestiones, como el inventario a cargo del Ianiglia, podrían reconsiderarse y evaluó la posibilidad de aceptar la colaboración de otras organizaciones en dicho registro.
Ayer, los gobernadores de Jujuy, Walter Barrionuevo; de La Rioja, Luis Beder Herrera; y de San Juan, José Luis Gioja, junto a representantes de otras provincias cordilleranas (ver página 6) acudieron a la audiencia convocada por la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta para debatir el proyecto de ley de prepuestos mínimos para la protección de glaciares, y defendieron la necesidad de que se respete la autonomía de las provincias.
El discurso homogéneo de los mandatarios provinciales logró que algunos senadores se identificaran con la demanda de federalismo que los disertantes pregonaron, lo que resultó determinante para el armado de esta nueva salida a la ley de glaciares.
Los aspectos que se podrían retocar para contentar a las provincias mineras son los relacionados a los artículos 1º, 2º (relacionado con el 6º), 5º y 17º de la norma consensuada Bonasso-Filmus.
El 1º habla del objeto de la ley, que es establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y aclara que los glaciares constituyen bienes de carácter público. Las provincias quiere que se las cite como poseedores y con potestad sobre estos recursos naturales como sancionó el Senado. El 2º amplía la definición de periglacial y se vincula con el 6º en relación a la extensión de prohibiciones para industrias, minería, hidrocarburos. Aquí sugieren que se añada como antes, la palabra "suelos congelados permanentes" para acotar la extensión de periglaciar.
El 5º trata del inventario a cargo del Ianiglia, que las provincias quieren que se haga "en colaboración con organismos provinciales"; y el 17º, agregado el día de la sanción en Diputados, dice que en las áreas potencialmente protegidas no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger.
Según fuentes parlamentarias, la idea es que los artículos más cuestionados o que generan ambigüedades e imprecisión legislativa se tomen del proyecto inicial -o sea, el de Filmus solo-, que en definitiva surge de la Cámara originaria.
Las charlas entre los políticos comenzaron ayer por la tarde y se espera que los próximos días haya novedades sobre esta tendencia que se presenta como la más potable para negociar posiciones entre los adeptos y detractores al acuerdo Bonasso-Filmus que se sancionó en agosto en Diputados.