Claro está que en el Congreso de la Nación no se está debatiendo sobre la “ley de glaciares”. Lo que, con este proceso legislativo, hoy está en discusión, más allá del texto de un artículo, son los modelos de producción y consumo que pretenden imponernos, en post de los cuales se violentan los derechos humanos, se destruyen recursos, se extermina la biodiversidad, se desconoce la voluntad popular… Un modelo promotor de injusticia y desigualdad social.
Casi dos años después del veto presidencial, mientras los cuerpos de hielo de todo el planeta retroceden por el calentamiento global y los de Argentina son sometidos, además, a la depredación de la industria minera que vuela las montañas que los sustentan, el Congreso Nacional mantiene una actitud cómplice con el despojo velada tras discusiones sin sentido.
La ley de glaciares desnudó la ausencia total de estrategia para el desarrollo (de los pueblos), la ausencia de política ambiental nacional y centró la puja en vagos pretextos de tinte federal.
Esto se repite con cada norma de presupuestos mínimos que este Congreso intenta sancionar, las provincias suelen oponerse en defensa del dominio de sus recursos, no en defensa de los recursos en si mismos.
Los que deberían representarnos deben dar por saldadas varias discusiones que la población resolvió hace tiempo: la protección del ambiente no se opone al desarrollo sino todo lo contrario y las normas de presupuestos mínimos no van en contra de la autonomía provincial sino que intentan unificar la protección ambiental en todo el país. Y la idea de nación tiene que primar en estos casos, no todas las provincias cuentan con los mismos recursos naturales, sin embargo todos los argentinos debemos poder tener derecho a acceder a esos bienes, una idea de país implica privilegiar el acceso de todos los argentinos a los recursos energéticos, minerales, hídricos, agrícolas habitemos la provincia que habitemos.
La minería a cielo abierto, que los gobernadores cordilleranos defienden con tanto ímpetu genera mucho más que contaminación, implica apropiación y uso del agua de todos, consumo desmedido de energía a la que muchos argentinos no tienen acceso, ocupación territorial, extranjerización de tierras y en la mayoría de los casos en zonas de frontera. En medio de todo esto o sea en tierras concedidas o de propiedad de extranjeros, valladas y custodiadas por seguridad privada y en muchos casos por las fuerzas de seguridad del estado se encuentran nuestras fuentes de agua.
Lo que aquí está en juego y debemos definir de una vez por todas es quién y para qué utilizará el agua de todos los argentinos.
Difundimos la movilización por la Ley de Glaciares convocada por los movimientos sociales, agrupaciones indigenistas y colectivos en lucha contra la contaminación, destrucción territorial y saqueo de los bienes comunes.

ACAMPE EN PLAZA CONGRESO 29 y 30 de SETIEMBRE

Fuente: Prensa - Diputada Nacional Verónica Benas