Arranca la cuenta regresiva y una semana antes de que el Senado trate en segunda revisión el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar, se aceleran las negociaciones entre los gobernadores cordilleranos y los legisladores nacionales para intentar descomprimir la polémica.
El sanjuanino José Luis Gioja y el senador del Frente para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus, se anticiparon y se reunieron el martes por la tarde, en la Casa de San Juan, sobre la céntrica calle Sarmiento, en Capital Federal. Del mismo modo, el riojano Luis Beder Herrera y el jujeño Walter Barrionuevo buscarán postergar la iniciativa modificada por Diputados.
Los tres mandatarios señalaron que el proyecto de ley es «inconstitucional» el martes en una audiencia convocada por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara alta, al mando del legislador por Misiones, ex radical y ahora más cerca del kirchnerismo, Eduardo Torres.
Asimismo, Gioga, Beder Herrera, Barrionuevo y representantes de otras provincias del oeste, a excepción de Tierra del Fuego y Chubut, coincidieron en que una ley de presupuestos mínimos «no puede prohibir». «No respeta la autonomía de las provincias sobre los recursos naturales, como afirma la Constitución», señalaron.

Reservas de agua
No obstante, Filmus volvió a insistir ayer en que «esta ley tiene que prohibir las actividades que perjudiquen reservas de agua». En ese punto, los cordilleranos pusieron especial énfasis en la «difusa» definición de periglaciar cuando se prohíbe explícitamente cualquier actividad, porque ese concepto «no tiene nada que ver con potenciales fuentes permanentes de agua». Pero al respecto, el legislador porteño consideró que los argumentos utilizados por los gobernadores eran «proclives a defender la minería».
El tema interesa sobre todo a la minería, porque podría afectar en gran medida el curso de los emprendimientos que se emplazan sobre la Cordillera de los Andes. De hecho, el sector ya manifestó su voluntad de movilizarse en defensa de la actividad de un modo similar al utilizado por el campo en contra del decreto presidencial que en 2008 subió las retenciones a la exportación de soja; incluso se baraja la posibilidad de instalar una carpa frente al Congreso. En tanto, los empresarios mantienen la esperanza de lograr una solución política del conflicto y siguen de cerca las negociaciones, al punto tal que el martes durante la audiencia de la Comisión de Ambiente en un salón contiguo en el Senado.
En Santa Cruz, por caso, Came, Camicruz, Proveedores mineros y AOMA repudiaron ayer públicamente la versión de Diputados e indicaron que, al no especificar las áreas periglaciares, «afectaría a la megausina, a la construcción del pueblo del Tucu Tucu, obras viales y turísticas».
El Senado tiene en estudio dos proyectos sobre protección de glaciares: la sanción original del Senado y la modificación hecha por Diputados de esa misma norma. El martes, la Comisión de Ambiente de la Cámara alta firmará el dictamen; y dos días después, el pleno decidirá definitivamente los alcances de la ley.