Los tiempos apremian y no se podía seguir dilatando el estatuto de la empresa que reemplazará a Obras Sanitarias Mendoza. Así fue que el oficialismo de Diputados decidió acompañar a la oposición y se dio sanción definitiva al texto modificado por los senadores. Así el 27 de setiembre, cuando venza el plazo de la intervención de OSM, Aguas y Saneamientos Mendoza SAPEM (Aysam) comenzará formalmente sus actividades.
Además, casi en el mismo acto, los diputados dieron sanción definitiva a un proyecto por el que se ordena al Ejecutivo a solucionar el problema de los trabajadores despedidos que tienen acciones de la empresa, quienes se constituyen en un posible conflicto legal para la provincia.
Ahora la Legislatura vivirá otro debate relacionado con el agua y las cloacas de los mendocinos: el dinero que necesita la flamante empresa para llegar a fin de año. Ya ingresó un proyecto enviado por el Ejecutivo solicitando 49 millones de pesos, de los cuales 35 son para cubrir gastos operativos de Aysam y 14 para obras menores urgentes.
El martes próximo el titular de la empresa estatal, Rolando Baldasso, estará en la Legislatura para clarificar los números y justificar ante los legisladores de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Obras el dinero solicitado. El oficialismo espera que, en el caso de que la oposición esté satisfecha con las explicaciones de Baldasso, el proyecto pueda ser tratado en el recinto en la sesión del miércoles.
El debate por la sanción del estatuto de Aysam no deparó sorpresas, ni debates grandilocuentes. El PD y otro de los solitarios de la Cámara, Luis Orbelli, mantuvieron su postura de votar en contra todas las opciones. Por lo que fueron los únicos que no levantaron las manos a la hora de votar el proyecto que venía del Senado. Todos los demás dieron el aval y la norma es Ley.
Los dos temas que dividieron aguas en la sesión de Diputados de la semana pasada y la del Senado del martes, composición del directorio y la autorización a ampliar la planta de personal, ayer fueron apenas manifestaciones anecdóticas por parte del oficialismo y el solitario Ricardo Puga (PIM). El radicalismo logró su victoria en estos dos items: un directorio de cinco miembros (cuatro designados por el Ejecutivo y uno en representación de los trabajadores) y un límite superior de 3,13 empleados por cada 1000 conexiones de agua.
En la sesión del miércoles pasado, los diputados del PJ habían logrado imponer siete miembros del directorio: cuatro por el oficialismo, dos por la oposición y uno por los trabajadores. Esto fue cambiado por el Senado, y el Frente Cívico impuso que los directores fueran cinco (cuatro del Ejecutivo y uno de los trabajadores).
Así llegó a Diputados y así fue aprobada, dado que para insistir en la sanción original el PJ debía reunir dos tercios de los votos, los que no iba a poder juntar sin la anuencia del PD. Eso sumado al apremio, hicieron que el PJ desistiera de la representación opositora y aceptaran el directorio de cinco miembros, cada uno de los cuáles tendrá como techo un salario equivalente al 95% del sueldo del gobernador.
La nueva SA de Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), empezará a funcionar con el 90% de su capital accionario en manos del Estado, mientras que el 10% restante será de los trabajadores.