La legisladora Magdalena Odarda (ARI) presentó un proyecto de ley para prohibir la comercialización de agua a granel, potable o no, con o sin tratamiento o proceso de ningún tipo, obtenida de fuentes agotables del dominio de la provincia, con el propósito de su exportación.
Sin embargo plantea excepciones por razones humanitarias, o de emergencia, o por convenios suscriptos con la Nación, otras provincias, regiones, estados u organismos internacionales.
Odarda cita informes de Naciones Unidas en los que se estima que “la cuarta parte de la población mundial vive con escasez de agua potable saludable” y asegura que “esta proporción se duplicará dentro de 20 años”.
Al respecto, los organismos internacionales advierten que una cuarta parte de la población mundial carece de acceso al agua potable salubre, el 40% de la población mundial no dispone de instalaciones sanitarias adecuadas, unos 6.000 niños mueren cada día por alguna enfermedad relacionada con la potabilidad del agua y que el 80% de las enfermedades del mundo en desarrollo están íntimamente relacionadas con el consumo de agua no potable, según cita la parlamentaria.
También argumenta que “en nuestro país, según el último censo, 7.760.803 habitantes (21,60%) no tienen acceso al agua potable y 20.654.920 personas (57,50%) no tienen servicio de cloacas”.
La legisladora arista sostiene que “la mercantilización del agua es un proceso que puede revertirse en los países si se legisla para su protección y se la declara como derecho humano”.
Asegura que frente a “la creciente contaminación, la escasez en algunos lugares del planeta, las sequías, las crisis que devienen del calentamiento global y todos los cambios climáticos que afectan al globo” que hacen del agua “un bien irremediablemente necesario y cada vez más escaso en algunos lugares del mundo”, la contraparte de esa realidad es que “grandes empresas que ven en el agua un gran negocio, obtienen cuantiosas ganancias comercializándola”.
En síntesis, “por un lado están quienes sostienen que el agua es un derecho humano esencial, cuyo suministro y preservación tiene que estar a cargo del Estado, y por el otro, tenemos los intereses privados que persiguen la desregularización de los servicios estatales con la finalidad de comercializar este recurso y también exportarlo logrando fabulosas ganancias”.

Foto: Archivo Programa Infoagua