El gobernador Oscar Mario Jorge anunció que se realizará el estudio para evaluar el impacto ambiental que provocó el corte del río Atuel en el oeste pampeano.
Oficialmente se informó que, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se logró el financiamiento para realizar el estudio.
El mismo será llevado adelante a partir de un convenio que se firmará con la Universidad de La Pampa, para lo cual el Gobernador Jorge se reunirá con el rector de esa casa de estudios, Sergio Baudino, para ultimar los detalles que permitan efectivizar el convenio para realizar el trabajo.
Según trascendió, el estudio se había pedido hace unos meses y el costo que había presupuestado la universidad a principio de año era de 750.000 pesos.
“Es una evaluación para determinar el impacto económico que provoca el corte. Queremos saber cuánto pierde la provincia por año, y después utilizar esta información en una eventual demanda ambiental que el Gobierno Provincial realice contra Mendoza”, dijo el subsecretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli.
Las pérdidas económicas por el corte del río nunca se evaluaron. En 1947, con las obras del dique El Nihuil, en Mendoza, cesaron los últimos escurrimientos del Atuel hacia La Pampa y la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú desapareció.
De los cinco brazos del Atuel, actualmente sólo queda activo el arroyo de la Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas.
En 1987, cuatro décadas después del corte del río, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda del Estado pampeano, consagró “la interprovincialidad del río Atuel”, pero los ribereños pampeanos todavía esperan el regreso del agua.
El Gobierno de Mendoza insiste en argumentar que cumple con el fallo judicial de 1987, que establece que puede utilizar agua del Atuel para regar 72.150 hectáreas, un cupo no cubierto todavía.
Sin embargo, el Gobierno de La Pampa sostiene que la administración cuyana está incumpliendo con el fallo de la CSJN de 1987 porque no se está garantizando un mínimo fluvioecológico.
En 2009, un grupo de organizaciones no gubernamentales e instituciones intermedias pampeanas también hicieron una denuncia en la Corte pero fue desestimada por cuestiones formales.
En 2008, los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, un convenio que establece un caudal mínimo para La Pampa y una serie de obras en el sur mendocino.
Ese acuerdo, fuertemente resistido tanto por legisladores opositores como oficialistas mendocinos, aún no fue ratificado en la Legislatura de la provincia cuyana y el corte del río Atuel persiste.