Ante el aparente fracaso del convenio interprovincial de agosto de 2008, el gobierno pampeano decidió jugar una nueva carta en la permanente disputa con Mendoza por el río Atuel: activar la recomendación que hizo la Cámara de Diputados hace varios años para un estudio que determine cuánto pierde la provincia por la falta del río. Cuando tenga esa valoración económica, el gobierno podrá ir a la Corte Suprema de Justicia y reclamar a Mendoza, vía una "demanda ambiental", la recomposición del daño ecológico provocado.
Ayer, el gobierno anunció a través de su página web que logró el aval del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para financiar el estudio que determine el daño ambiental sufrido por el oeste pampeano a raíz del corte del Atuel. El estudio será realizado por la Universidad Nacional de La Pampa, durará entre 8 y 10 meses, y apuntará a darle un valor económico a la pérdida que sufre cada año la provincia por la desertización de esa zona.
Prioridad.
Juan Pablo Morisoli, secretario de Recursos Hídricos, informó a LA ARENA que el estudio tendrá un costo de 780.000 pesos a valores de enero de este año. Una vez puesto en marcha, el trabajo se extenderá entre 8 y 10 meses. "Si estos tiempos se cumplen, tendríamos los resultados para el invierno del año próximo", destacó Morisoli.
Una alta fuente del gobierno comentó que el gobernador Oscar Jorge tiene un sumo interés en firmar cuanto antes el acuerdo con la Universidad de La Pampa y el Consejo Federal de Inversiones. "Seguramente el convenio se va a firmar la semana próxima, cuando Jorge se recupere de una gripe", estimó esa fuente.
Morisoli coincidió en que el texto está listo para suscribirse y que forma parte de la agenda del gobernador. "Sólo hay que avisarle a (presidente del CFI, Juan José) Ciácera para que venga y lo firme", indicó..
Descanso.
"Este estudio surgió hace varios años, cuando la Legislatura aprobó una recomendación para evaluar el monto económico del daño ambiental", recordó Morisoli. Impulsado por el entonces diputado José Luis Ananía -que junto a Juan Carlos Scovenna formaban el bloque ARI-, el proyecto fue aprobado por unanimidad de todos los legisladores y pasó ala órbita del Poder Ejecutivo.
"Esa recomendación se canalizó, en ese momento hubo reuniones con varias ONG, y después descansó un tiempo", reseñó. Ahora, visto que en Mendoza tampoco prosperó el acuerdo que los dos gobernadores firmaron en el año 2008, el gobierno pampeano decidió activar esta línea de trabajo y ponerle presión al permanente reclamo. "El estudio que nos va a entregar la Universidad va a decir cuánto pierde cada año la provincia de La Pampa por no tener el río". Con ese dato, el gobierno estará en condiciones de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presentar una "demanda ambiental" contra Mendoza para obligarla -tal como dicen las leyes y la Constitución Nacional- a remediar el daño. "La forma de remediarlo es recomponer caudales", remarcó Morisoli.
Pérdidas.
En recientes reuniones, la UNLPam y la Secretaría de RRHH acordaron los "términos de referencia" para el estudio, es decir, las variables sobre las que deberá trabajar el equipo de investigadores. Habrá tres puntos principales: pérdida de cabezas de ganado, disminución de la población y degradación de los sistemas productivos. "Estos y otros más son los parámetros que permitirán valorar cuál es el pasivo ambiental que nos produjo el corte del río", reiteró el funcionario.
Mientras tanto, el río Atuel está a punto de cortarse nuevamente, el Salado - Chadileuvú corre con muy poco agua, y en Mendoza el acuerdo para revestir canales y recuperar caudales que se infiltraban, sigue "pisado" por los funcionarios y técnicos del Departamento General de Irrigación