La Unión Cívica Radical (UCR) local, una de las fuerzas de oposición al gobierno giojista, decidió meterse de lleno en el debate por la ley de glaciares. Ayer sacó un documento en rechazo a la iniciativa que impulsa en el Congreso Nacional el dúo Bonasso-Filmus, por considerarla un atentado contra la actividad minera y la generación de fuentes de trabajo en San Juan. Lo resolvieron entrada la madrugada del jueves, tras un fuerte debate interno que se dio en el seno del Comité Provincial.
En la discusión interna apareció una propuesta contraria, pero la mayoría de los delegados del Comité Central votó por rechazar el polémico proyecto que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación y que ahora será debatido por el Senado. En sintonía con los cuestionamientos de las provincias andinas, los radicales argumentaron su posición en que la iniciativa de Bonasso, más que preservar los glaciares, fue concebida como una herramienta para arremeter contra la actividad minera. Además, defienden la autonomía de las provincias para administrar y cuidar sus recursos naturales, se declaran a favor de la protección del medio ambiente y advierten que no se puede dar lugar a especulaciones en un tema donde se ponen en juego miles de fuentes de trabajo.
La UCR es la principal fuerza de oposición nacional y su conducción ha optado por no emitir ninguna posición orgánica. Por el contrario, en el bloque de senadores radicales las aguas están muy divididas (Ver página 5), movidas por los interese de procedencia de cada uno. Sin embargo, a pesar de opiniones locales que decían que era mejor abstenerse, los sanjuaninos decidieron avanzar con una declaración independiente de la conducción nacional.
En la práctica, no mueve la aguja de la votación en el Senado. Pero es leída con atención por los miles de actores que directa o indirectamente tiene relación con la actividad económica que genera la minería.
La declaración radical deja bajo tierra el debate que se generó cuando el presidente del partido, Salvador Mercado, salió a decir que lo seducía la ley Bonasso. Sectores internos que responden a Mario Capello, ex presidente de la fuerza, y el actual vicepresidente segundo, Roberto Pugliese, le recriminaron opinar sin consultar al resto y le pidieron una reunión para fijar una posición orgánica.
El miércoles, Mercado no votó, pero mantuvo e impulsó su idea. La vicepresidenta primera, María Luisa Velazco, mocionó para que el partido se abstenga y la línea de Capello impulsó el rechazo que se terminó imponiendo en la votación por amplia mayoría.
Ayer, desde los dos sectores antagónicos bajaron los decibeles (Ver aparte). Del lado de los que impugnaron a Bonasso aseguraron que ir en contra los intereses provinciales por la minería era contradictorio. Recordaron que Raúl Alfonsín traspasó los recursos minerales de la Nación a las provincias y que fue un secretario de minería radical, Rubén Aguilera, el que firmó la declaración de impacto ambiental de Veladero
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