El gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge, ordenó que se lleve a cabo un estudio para determinar a cuánto ascienden las pérdidas económicas generadas anualmente en el oeste pampeano por el corte del río Atuel que Mendoza mantiene desde hace unos 60 años.
En 2008, los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, un convenio que establece un caudal mínimo para La Pampa y una serie de obras en el sur mendocino. Ese acuerdo aún no fue ratificado en la Legislatura provincial y el corte del río Atuel persiste.
El estudio pedido por La Pampa y financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), será llevado adelante a partir de un convenio que se firmará con la Universidad de La Pampa (UNLPam).
Juan Pablo Morisoli, secretario de Recursos Hídricos, dijo –al ser consultado por NA- que el estudio se había pedido hace unos meses.
“Es una evaluación para determinar el impacto económico que provoca el corte –explicó-. Queremos saber cuánto pierde la provincia por año y después utilizarlo en una eventual demanda ambiental que el Gobierno provincial realice contra Mendoza", dijo.
"Será el primer estudio sobre los daños generados por el corte que provoca la provincia de Mendoza. No se sabe de cuánto es el daño económico. Nunca se estimó la pérdida. Por eso creíamos conducente que la universidad pueda valorar ese pasivo ambiental para poder utilizarlo en eventuales demandas ambientales", sostuvo Morisoli.
En 1947, con las obras del dique El Nihuil, en Mendoza, cesaron los últimos escurrimientos del Atuel hacia La Pampa y la fértil cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú desapareció.
De los cinco brazos del Atuel, actualmente sólo queda activo el Arroyo de la Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas.
En 1987, cuatro décadas después del corte del río, la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de una demanda del Estado pampeano consagró "la interprovincialidad del río Atuel", pero los ribereños pampeanos todavía esperan el regreso del agua.
El gobierno de Mendoza insiste en argumentar que cumplen con el fallo judicial de 1987 que establece que pueden utilizar agua del Atuel para regar 72.150 hectáreas, un cupo no cubierto todavía.
Sin embargo, el gobierno pampeano sostiene que la administración de Celso Jaque está incumpliendo con el fallo de la CSJN de 1987 porque no se está garantizando un mínimo fluvioecológico.