El gobernador de La Pampa, el justicialista Oscar Jorge, dio la instrucción ayer al fiscal de Estado de la vecina provincia, Alejandro Vanini, para que la semana que viene presente un amparo ante la Corte Suprema de la Nación a fin de "congelar" el nuevo decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el cual se incorporan siete departamentos mendocinos en el régimen de promoción industrial.
Dicho decreto, que es ampliatorio del 699/2010 por el cual se prorrogó la promoción en San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja en mayo último, aún no fue publicado en el Boletín Oficial y por lo tanto no entró en vigor.
Según fuentes del Gobierno nacional, la nueva pieza no fue "protocolizada", es decir que si bien fue firmada por la Presidenta, faltan los sellos oficiales para luego ser dado a conocer. Hasta que esto no suceda, La Pampa no podrá radicar el amparo en la Corte, ya que será en base a la ampliación de la promoción a Mendoza que elevará su queja ante la Nación.
Ayer, fuentes cercanas al senador pampeano Carlos Verna (ex gobernador y hombre de mucha ascendencia en el actual mandatario) señalaron que la presentación de la cautelar se radicará el "lunes o martes" pero se aclaró que la intención de La Pampa no es "hacer caer" el régimen de promoción sino ganar fuerza y tiempo para negociar su incorporación al sistema de beneficios fiscales que desde hace 30 años tienen las provincias cuyanas y al que ahora se sumará Mendoza.
El justicialismo pampeano, que gobierna la provincia desde hace dos décadas, está sufriendo una fuerte presión de la oposición y, sobre todo, de los empresarios locales para que lleven la pulseada política con la Nación a la Justicia dado que esta estrategia le dio resultados a Mendoza. La idea es clara: quejarse en la Corte y frenar la incorporación de Mendoza en el régimen de beneficios fiscales hasta que se acepte la inclusión de La Pampa.
Verna, un senador clave tanto para el oficialismo como para la oposición parlamentaria, logró hace unos meses que la Nación compensara a su provincia por 600 millones de pesos y, a cambio, permitió a la Casa Rosada frenar la embestida por la utilización de las reservas del Banco Central para pagar la deuda externa.
Según fuentes pampeanas y mendocinas, fue él quien difundió la noticia -el jueves por la tarde- de que la Presidenta no había firmado el decreto ampliatorio que beneficia a Mendoza dado el "enérgico" reclamo de Jorge. Sin embargo, desde la Nación adujeron que la no publicación del mencionado decreto en el Boletín Oficial se debió sólo a que falta su "protocolización".
Pero nadie descarta que ante la inminencia de un pleito judicial, la Casa Rosada "congele" la publicación del decreto que beneficia a Mendoza, un paso imprescindible para que el mismo tenga validez.
De esta manera, un nuevo conflicto entre La Pampa y Mendoza está tomando relieve dado que ambas jurisdicciones mantienen un viejo litigio por las aguas del río Atuel, sobre el que nuestra provincia construyó las represas Los Nihuiles provocando la sequía de las tierras del oeste pampeano.
El jueves, el gobernador Jorge anunció que su administración pidió a la Universidad de La Pampa y al Consejo Federal de Inversiones que realicen un estudio del impacto económico por los daños que genera el escurrimiento de las aguas del Atuel, información que será aportada por el gobierno pampeano en una eventual demanda contra Mendoza en un juicio ambiental.