A los nuevos cortocircuitos con La Pampa por la promoción industrial, se suma ahora la vieja disputa por el río Atuel. El gobierno pampeano logró el financiamiento para realizar un estudio que determine cuánto pierden por el agua que no llega a su territorio por los diques construidos por Mendoza en San Rafael.
El gobernador pampeano, Oscar Jorge, anunció que a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) financiarán una investigación que determine el impacto ambiental generado a partir del corte del río Atuel. El estudio sería llevado adelante por la Universidad de La Pampa.
Ayer, el diario La Arena detalló que cuando esté el "estudio de pérdidas", el gobierno de Jorge podrá ir a la Corte Suprema de Justicia y reclamar a Mendoza, vía una "demanda ambiental", la recomposición del daño ecológico provocado.
El secretario de Recursos Hídricos de la vecina provincia, Juan Pablo Morisoli, informó al periódico pampeano que el estudio tendrá un costo de 780.000 pesos a valores de enero de este año. Una vez puesto en marcha, el trabajo se extenderá entre ocho y diez meses.
Según publica La Arena, una alta fuente del gobierno comentó que el gobernador Jorge tiene sumo interés en firmar cuanto antes el acuerdo con la Universidad de La Pampa y el Consejo Federal de Inversiones.
Además, el diario informa que en recientes reuniones, la universidad y el Gobierno acordaron los "términos de referencia" para el estudio, es decir, las variables sobre las que deberá trabajar el equipo de investigadores. Habrá tres puntos principales: pérdida de cabezas de ganado, disminución de la población y degradación de los sistemas productivos.
La disputa por el caudal del Atuel tiene más de medio siglo, cuando se empezaron a construir los diques Nihuiles. Así, dejó de llegar agua a la vecina provincia.
En agosto de 2008, la presidenta, Cristina Fernández, anunció un pacto entre ambas provincias para dar fin al histórico conflicto pero a los pocos días, los productores de General Alvear protestaron por las condiciones de la medida inconsulta y la oposición legislativa advirtió que no avalaría el convenio.
Los argumentos en contra del acuerdo apuntaban, principalmente, a que la cantidad mínima de agua que exigía La Pampa podía causar un perjuicio a los regantes del departamento de Alvear; que daba derechos a La Pampa antes de que el texto firmado tuviera aval legislativo y que el litigio ya fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia en 1987.