Uno de los puntos más conflictivos del proyecto de ley de protección de glaciares que se debate en el Senado es qué organismo se encargará de hacer el primer inventario de hielos del país . Por un lado, el diputado opositor Miguel Bonasso y otros legisladores se plantaron en que sea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende del CONICET, mientras que varios gobernadores pretenden que lo realicen las direcciones de Minería de sus provincias.
No es un dato menor. Donde se registre un glaciar o un preglaciar no podrá haber minas o extracción de agua para la minería a cielo abierto; y las que existen deberán ser relocalizadas.
“En este punto se da la batalla decisiva para la protección del agua de los argentinos. Podemos discutir otros puntos formales del texto aprobado en Diputados, pero no quién hará el inventario”, enfatizó Bonasso a Clarín . El diputado adelantó que se reunirá con el senador oficialista Daniel Filmus, con quien acordó el texto aprobado en la Cámara baja, para reafirmar ese punto.
En cambio, un grupo gobernadores de provincias mineras encabezados por el sanjuanino César Gioja pretenden que el inventario que decidirá qué zona es glacial, preglaciar o apta para la minería lo hagan las provincias. Se basan en un argumento federal: se trata de recursos naturales propios.
El director del IANIGLA, Ricardo Villalba, dijo a Clarín que de aprobarse el proyecto Bonasso su organismo “coordinaría a nivel nacional, en colaboración con universidades y gobiernos provinciales, el Inventario de Glaciares. En estos momentos estamos avanzando en un convenio con la provincia de Mendoza para realizar el Inventario de Glaciares solamente en esa provincia”.
Cuando se le preguntó cuántos glaciares se estima que existen, contestó que hasta ahora nunca se hizo un inventario, pero habría miles. “En base al inventario de glaciares del Río Mendoza, sólo en su cuenca había 980 cuerpos de hielo que cubrían una superficie de 664 km2”. El área de la Capital es de 500 km2.
El IANIGLA, que tiene sede en Mendoza, hizo relevamientos previos en la década del 80, empleando fotos aéreas de 1963 de algunos sectores de las provincias de Mendoza y San Juan.
El fiscal general de Tucumán y especialista en medio ambiente Antonio Gustavo Gómez se sumó a la defensa del IANIGLA. “En mis investigaciones vi cómo distintas direcciones de minería provinciales fracasaron en el momento de controlar la contaminación . Es el zorro puesto a cuidar el gallinero. El ejemplo más doloroso tal vez sea Abra Pampa, en Jujuy. Allí Metal Huasi, con la complicidad de las autoridades que tenían la obligación de controlarla, afectó con plomo el 81% de los niños evaluados. No hay dudas, detrás de cada delito ambiental y en especial en los provocados por la minería a gran escala, hay un funcionario corrupto. No sólo hay contaminación ambiental sino también ‘contaminación social’”.

Gioja hace su propuesta
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, dijo a Clarín que “no objetamos la de intervención del IANIGLA sino que se haya borrado toda la participación de las provincias en los controles”. “Al IANIGLA hay que hacerlo de nuevo para que sirva a cualquiera de los proyectos que se apruebe. Antes estaba en San Juan pero después nunca tuvimos participación y actualmente no tiene estructura suficiente”. Según Gioja, Bonasso “entiende como periglaciar a todo suelo congelado por lo que toda la precordillera puede ser tomada como periglaciar”.