La aprobación de la ley nacional de glaciares, cualquiera de los dos proyectos que el Senado tienen en estudio y que deben abordar en sesión especial el jueves, tendrá consecuencias negativas para la Provincia, según la lectura del Ejecutivo local.
La objeción mayor pasa porque la norma, lejos de mantener el espíritu de las leyes de presupuestos mínimos, regula no sólo la protección de los glaciares y zonas preriglaciares como recursos hídricos estratégicos, sino que además define qué se puede hacer y que no. En los casos de las actividades permitidas, deberán estar sujetas a la aprobación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Esas disposiciones atentan –dicen desde la Provincia- contra la potestad que la Constitución Nacional les confiere a las provincias para disponer de sus recursos naturales. Al mismo tiempo, obligaría a las jurisdicciones provinciales a pedir permiso a la Nación, concretamente al IANIGLA, por cada actividad que pretenda realizar en las zonas protegidas.
Los dos proyectos en danza son el iniciado por Daniel Filmus y aprobado por el Senado en 2009 y otro aprobado en agosto por los diputados y que terminó siendo un mix entre el proyecto del diputado Miguel Bonasso y el de Filmus, pero más abarcador y proteccionista que la primera propuesta.
Para el Ejecutivo Provincial “los dos son malos, aunque uno menos que otro”. Ambos proyectos establecen la protección sobre ambiente glaciar y periglacial, pero el aprobado recientemente por los diputados protege el área periglacial de la alta, media y baja montaña y, por tanto, una zona mayor. Para la Provincia, en ambos casos sigue siendo difusa la zona a proteger.
Las dos iniciativas legales prohíben las actividades que puedan afectar la condición natural de las áreas protegidas y señalan taxativamente algunas actividades vedadas: la liberación de elementos contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de las necesarias para investigación científica y la prevención de riesgos; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y el desarrollo de obras o actividades industriales. Y agregan que todas las actividades que no estén directamente prohibidas por la ley estarán sujetas a la aprobación de un estudio de impacto ambiental y a audiencia pública.
Como la autoridad de aplicación de la ley sería nacional, las provincias deberían solicitar los permisos para disponer de su territorio a nivel Nación y hasta se dejaría en manos de la Nación la elaboración de un inventario de glaciares. Pero mientras el proyecto original del Senado habilita la intervención de las provincias en la realización de ese inventario, la iniciativa de Bonasso encomienda esa tarea exclusivamente a la Nación. De hecho, en el proyecto aprobado por los diputados no se menciona a las provincias.

Largo tratamiento
El proyecto Bonasso aprobado por los Diputados es prácticamente idéntico al que la Presidenta vetó en noviembre de 2008. Fue entonces que el kirchnerista Daniel Filmus presentó un proyecto que terminó aprobando el Senado el año pasado. Pero cuando la iniciativa pasó a Diputados, Miguel Bonasso presentó un proyecto alternativo, idéntico al vetado y lo consiguió imponer –agregándole algunos puntos del de Filmus- en la cámara baja. Ahora, por reglamento interno, el Senado debe votar sin introducir modificaciones alguna de las dos iniciativas que, según la provincia, son avasallantes de las potestades locales.
Los senadores deben expedirse por una de dos leyes, pero no pueden cambiarlas. Las dos iniciativas en danza no sólo protegen los glaciares y ambientes periglaciares sino que definen qué actividades pueden realizarse en ellas y cuáles no.
Los proyectos encomiendan a un instituto nacional la elaboración de un inventario de glaciares. Aunque una de las normas permite a las provincias colaborar en esa misión, la que ya aprobaron los Diputados deja esa labor exclusivamente a la Nación.
Las dos normas prohíben la exploración y explotación minera en las áreas protegidas y también la realización de obras de infraestructura e industriales. Y todo lo que se permita debe tener el aval de la autoridad nacional de aplicación de la ley.

El porqué del apuro por aprobar la ley provincial
En acuerdo con varias provincias cordilleranas, Catamarca busca proteger provincialmente sus glaciares, anticipándose a la norma nacional. Aunque la protección de estos recursos hídricos considerados estratégicos está en agenda de los legisladores nacionales desde el 2007, recién en julio de este año los gobernadores de las provincias mineras acordaron avanzar con sus propias leyes provinciales. Así fue que el Ejecutivo remitió a la Legislatura local un proyecto de ley de glaciares que el Senado aprobó sin mayor trámite a principios de agosto y que, desde entonces, está en estudio de la cámara baja.
La iniciativa local, dicen desde el Gobierno, es mucho más precisa y exigente; y remarca el dominio exclusivo que sobre esos recursos hídricos tiene la Provincia. También propone la realización de un inventario provincial de glaciares, pero nada dice respecto de la zona periglacial ni de la prohibición expresa de ciertas actividades. Si prohibe aquellas actividades "que impliquen destrucción, traslado o degradación".
Desde el Ejecutivo advierten que es vital que los diputados aprueben este miércoles la ley, de manera de contar con una norma provincial anterior a la que podría ser aprobada el jueves por la Nación. De esa forma, la Provincia tendría cierto "respaldo" en caso de tener que atacar judicialmente la ley nacional. Y podría hacer valer sus criterios en la elaboración del inventario de glaciares.