La Suprema Corte revisará durante esta semana una serie de juicios de amparo que promovieron agricultores de Tamaulipas, en los que se pide que se revise el Tratado sobre Distribución de Aguas entre México y Estados Unidos.
En esencia, los campesinos de esta zona solicitan que se analice si las administraciones del ex presidente Vicente Fox y del presidente Felipe Calderón incurrieron en violaciones a la Constitución al entregarle al gobierno de Estados Unidos más agua del río Bravo de la que le corresponde.
En febrero de 2008, los ministros de la Segunda Sala trajeron un amparo sobre este tema registrado con el número 159/2007, promovido por diversas asociaciones de usuarios de agua, por considerar que se trataba de un asunto de importancia y trascendencia para la vida del país.
Antes, el 4 de septiembre de 2007, el pleno de la Corte había atraído un amparo que promovieron otro grupo de agricultores del norte de Tamaulipas en contra de la decisión que adoptó la administración del presidente Vicente Fox, en el 2005, de entregar, de manera anticipada, 510 millones de metros cúbicos de agua proveniente del río Bravo a Estados Unidos.
En esa ocasión, la Corte atrajo el juicio porque llegó a la conclusión de que el líquido tiene un valor estratégico, porque del control que se tenga sobre el mismo dependerá, en el futuro, la soberanía de los pueblos. “El agua se ha convertido en un bien muy preciado, y como tal, en objeto deseo de los Estados en los que hay o se prevé que haya escasez, así como de las corporaciones multinacionales que pugnan por hacerse de su control”, aseguró.
Con base en esta misma argumentación, los ministros de la Segunda Sala atrajeron un segundo caso en el que se impugna el tratado sobre el agua entre México y Estados Unidos.
A esto también se había sumado un juicio de controversia que promovió el gobernador de Tamaulipas contra del presidente Calderón y diversos funcionarios de su administración por haber autorizado otro pago anticipado de agua, en esta ocasión por 277 millones de metros cúbicos.
Pero la controversia fue desechada, luego de tres años, el martes pasado por el pleno de la Corte, por considerar que los estados no pueden impugnar este tipo de acciones a través de amparo.
Por seis votos contra cuatro, los ministros determinaron que la controversia no era la vía adecuada para impugnar este tipo de pagos anticipados de agua.