Contra reloj, los industriales bonaerenses apuran gestiones para contar con más tiempo y algún mecanismo de financiamiento para presentar planes de readecuación de actividades para revertir eventuales procesos contaminantes ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
«Necesitamos un reordenamiento ambiental con todos los controles que hacen falta, pero también en un plazo adecuado a fin de poner en condiciones todo lo que hay que poner, pero sin afectar la producción y el trabajo», señaló a este diario el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UITBA), Osvaldo Rial, y completó: «Y precisamos, para encauzar ese camino, financiamiento».
El próximo jueves 30 de setiembre vence el plazo para que todos los establecimientos radicados en los municipios de la cuenca Matanza - Riachuelo se empadronen, saquen un seguro y presenten un Plan de Readecuación Integral, en el caso de contar con algún episodio contaminante. A partir de ahí, la ACUMAR otorga un plazo para llevar adelante ese plan, según la intensidad del problema.
La preocupación en el seno industrial bonaerense crece con la disolución de las posibilidades de extender el plazo. Los referentes del sector agendaron para mañana una reunión con el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, para plantear una vez más la necesidad de hallar alguna alternativa a fin de poder cumplir con la medida. Algunos dicen que son 4.000 las empresas que están empadronadas, otros aseguran que alcanzan a ser 8.000 y otros, 10.000. De una forma u otra, el escenario más optimista estima que 8.000 empresas de las 18.000 que comprenden la cuenca Matanza - Riachuelo no están empadronadas y corren riesgos de clausura.
Otro problema planteado se vincula con el tipo de seguro. «No se discute el seguro, pero sí que no se pueda transferir el riesgo, porque se trata de un seguro de caución, es decir que apunta a resarcir eventualmente al Estado sobre un saneamiento de suelo», explicó Rial, al tiempo que apuntó: «No se puede hacer en tan poco tiempo: el plazo de empadronamiento más la judicialización del tema han complicado los procedimientos».
Así las cosas, el juez de Quilmes, Luis Armella, le imprime énfasis al pedido de la Corte Suprema de Justicia y lo demostró semanas atrás con la multa al titular de ACUMAR, Homero Bibiloni, por incumplir la orden judicial del máximo tribunal para limpiar el Riachuelo y le ordenó pagar desde hoy $ 4.000 diarios hasta tanto complete los objetivos fijados por el máximo tribunal en el histórico fallo de 2008.