El juez federal de Quilmes, Luis Armella, reclamó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Nación y a los 14 municipios de la provincia integrantes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que asuman un "mayor compromiso" para la urbanización de los cientos de asentamientos precarios diseminados sobre la costa. "Lo que está en juego es la dignidad del ser humano", sostuvo el magistrado, y agregó: "Se debe hacer esfuerzo mancomunado y sin dilación alguna para brindar soluciones urgentes" a las familias vecinas a la cuenca.

RELOCALIZACION
Según el mandato de la Corte Suprema de Justicia, no pueden haber personas viviendo en basurales ni en los caminos de sirga -las orillas de ríos y arroyos- ni en el Polo Petroquímico de Dock Sud. Por eso, el juez Armella ordenó el 8 de julio que Acumar presente antes del 15 de diciembre un plan para, de forma "efectiva, rápida y eficiente", relocalizar a las familias que viven en la ribera.
Acumar, por su parte, anunció el jueves pasado la firma de un convenio para incluir a 17.761 familias que están bajo riesgo ambiental "prioritario", entre los cuales se encuentran las 5 mil habitantes de Villa Inflamable.
Este proyecto es una ampliación del plan presentado en 2006 -que incluía ya a unas 12 mil familias- y del que sólo se realizaron cuatro mil acciones, muchas de ellas sólo de limpieza y urbanización.
Según la nueva promesa, en los próximos 60 días se deberían estar firmando convenios individuales con los 14 municipios bonaerenses y la Ciudad, aunque no existe todavía un diagnóstico real del riesgo en el que viven más 100 mil personas asentadas en villas sobre la costa del Riachuelo.

VILLA INFLAMABLE
"No puede haber un plan de relocalización sin un diagnóstico serio del riesgo ambiental. Es inútil que muden a los habitantes de Villa Inflamable a 100 o 500 metros porque siguen expuestos a las emanaciones tóxicas. Para resolver la exposición a contaminan
tes hay que trabajar sobre la reconversión de las industrias. No se trata de urbanizar las villas sino de ofrecerle a la gente mejores condiciones de vida, con medidas consensuadas que respeten sus derechos", expresó Cristina Maiztegui, jefa del Area Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN).
"En el Polo Petroquímico hay una actividad portuaria muy importante. Cuando la Ciudad de Buenos Aires prohibió la entrada de sustancias tóxicas, todo el tráfico recayó en Avellaneda. La Ciudad hoy no hace nada, pero no es ajena al drama ambiental de Dock Sud. Para solucionar el Polo hay que redefinir el rol del puerto% comentó Maiztegui.
"El impacto ambiental del Polo es un tema que todavía no ha sido abordado. Después del informe de la DPN de 2003, que comprobó que la mitad de los chicos de Villa Inflamable tiene altísimos niveles de plomo en sangre, no hubo ningún estudio sobre la población. Lo primero que hay que hacer es un estudio integral del riesgo ambiental para tener un diagnóstico sobre el que construir acciones", dijo Maiztegui.
"Esa gente está en riegos: a la enorme contaminación se une a un estado de altísima vulnerabilidad social", sostuvo Maiztegui, y agregó: "No puede haber acciones sin un estudio integral del estado de contaminación del Polo"