El gobierno de La Pampa anunció la realización de un estudio para determinar pérdidas económicas en el oeste pampeano por el corte del río Atuel, que desde hace más de 60 años lleva Mendoza y que, según autoridades locales, incumple fallos de la Corte Suprema.
El gobernador Oscar Jorge obtuvo financiamiento a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), por lo que en los próximos días firmará un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa, que se encargará de establecer el costo anual que implica el corte del río.
El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Juan Pablo Morisoli, señaló que "se trata de una evaluación para determinar el impacto económico que provoca el corte", dado que "se quiere saber cuánto pierde la provincia por año y después utilizarlo en una eventual demanda ambiental que el Gobierno provincial realice contra Mendoza".
Éste será el primer estudio sobre los daños generados por el corte que provoca Mendoza, y de esta manera se busca conocer precisiones del pasivo ambiental para ser utilizado en eventuales demandas ambientales.
En 1947 las obras del dique El Nihuil, significaron el fin de los escurrimientos del Atuel hacia La Pampa, haciendo desaparecer la fértil cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú y generando el nacimiento del desierto pampeano.
En 1987, la Corte Suprema de la Nación a partir de una demanda pampeana consagró "la interprovincialidad" del Atuel, pero Mendoza lo incumplió argumentando que cumple con el fallo, en el extracto que establece que pueden utilizar agua para regar 72.150 hectáreas, un cupo no cubierto todavía.
Sin embargo, La Pampa sostiene que Mendoza está incumpliendo con el fallo de 1987 porque no se está garantizando un mínimo fluvioecológico, por lo que ahora se planea la primera demanda ambiental.