El Senado se prepara para tratar el jueves en una sesión especial el proyecto de ley que fija presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, el cual quedó envuelto en una dura discusión en torno a la explotación minera al pie de la cordillera de los Andes.
Desde anoche, las organizaciones ecologistas, encabezadas por Greenpeace, acampan frente al Congreso ya que hoy la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable debe sacar dictamen sobre el tema.
Los senadores deberán definir si apoyan la media sanción que ellos mismos dieron el año pasado o aceptan los cambios que le introdujo la Cámara de Diputados en primera revisión en agosto último. Aunque ambos proyectos de ley establecen el cuidado de los grandes hielos, hay dos grandes diferencias que provocan muchos desencuentros en todos los bloques.
La primera de ellas es que el proyecto del Senado define como área de protección sólo a los glaciares rocosos, estén sobre la tierra o abajo del agua. En cambio, los Diputados, comandados por el izquierdista Miguel Bonasso, establecieron como área a tutelar también las zonas periglaciales, es decir, los suelos congelados que rodean a las grandes masas congeladas.
Esto extiende la superficie de tierras donde no se podrá realizar exploración o explotación minera, lo que provocó que las provincias que basan sus economías en esta actividad -como San Juan, Catamarca y La Rioja- fijaran una fuerte resistencia.
La segunda diferencia es porque el proyecto de Diputados fija a un organismo nacional, el Instituto de Glacialogía y Nivología, que tiene sede en Mendoza, como el ente encargado de aplicar la ley. Las provincias cordilleranas, excepto Chubut, Mendoza y Neuquén, se opusieron a este punto y resaltaron que son ellas las dueñas -según la Constitución- de los recursos naturales.
Pero pese a la fuerte presión que ejercen los grupos ambientalistas, todas las fuentes parlamentarias consultadas indicaron que lo más probable es que el jueves resulte sancionada la ley menos restrictiva para la actividad minera. Hoy la tendencia es de 37 senadores a favor de insistir con la sanción del año pasado y 27 quieren aprobar los cambios introducidos por Diputados. Y aunque los 10 legisladores que no dieron a conocer su voto podrían producir un empate, todo indica que la diferencia se extenderá a favor de la ley más permisiva de la minería.
Dado a que hay diferencias internas, el Frente para la Victoria y el radicalismo, los dos grandes bloques, darán libertad de acción. Pero mientras el kirchnerismo votará en su gran mayoría a favor de la sanción original del Senado (25 senadores están en esta posición, encabezados por el sanjuanino César Gioja y sólo 5 apoyan lo aprobado por Diputados, con Daniel Filmus como baluarte), el radicalismo gravitará a favor de las correcciones que hizo la Cámara baja (12 senadores contra 5).
El Peronismo Federal se muestra dividido, con el sanjuanino Roberto Basualdo y los salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero a favor de la sanción original del Senado, y con los pampeanos Carlos Verna y María Higonet a favor de la ley más restrictiva a las actividades potencialmente contaminantes del agua.
Ayer trascendió que los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre, que mantenían en suspenso su intención, apoyarían a los gobernadores cordilleranos. Esto terminó de dar tranquilidad a los mandatarios como el sanjuanino José Luis Gioja, principal defensor de la ratificación del proyecto original del Senado.