“La Provincia apoya el proyecto que salió de Diputados, que es el que se consensuó finalmente entre el senador Filmus y el diputado Bonasso, pero la posición de Tierra del Fuego va matizada también con un planteo de federalismo”, señaló el Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente, al ser consultado sobre la postura que mantendrá hoy la Gobernadora ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación.
Nicolás Lucas reconoció que el respaldo al proyecto que cuenta con media sanción de Diputados, y que será tratado por la Cámara Alta del Congreso este jueves en sesión especial, responde a que la situación en Tierra del Fuego difiera de la de otras provincias “como san Juan, Catamarca o La Rioja, por poner los casos más extremos, en las que la que la minera juega un rol diferente que el que juega acá”, ya que en nuestra provincia no se ha desarrollado todavía la minera a gran escala a cielo abierto.

“No hay contradicción”
Teniendo en cuenta que durante el encuentro que mantuvieron el miércoles pasado en le senado, los gobernadores de San Juan, La Rioja y Jujuy presentaron un proyecto de protección de glaciares, que lleva la firma también de la gobernadora Ríos, que propone la adopción de una ley común que todas las provincias firmantes se comprometen a aprobar, desechando una normativa nacional que condicione sus propias legislaciones, se consultó a Lucas si esto no constituye una contradicción con el ahora anunciado apoyo al proyecto Bonasso-Filmus, que justamente busca reglamentar la protección de glaciares. “No necesariamente” respondió a la planteada contradicción, ya que dijo que “el texto que se presentó es correcto y lo compartimos en cuanto al dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, que consagrado en la reforma constitucional del 94”, y agregó que también comparten el criterio de que “ los presupuestos mínimo deben ser presupuesto mínimo y no aspiraciones de máxima, porque si no se estaría legislando desde el centro al interior del país y con las comunidades locales como simples espectadores”.
A pesar de ello sostuvo que este planteo federalista “tampoco puede ser un planteo absolutista, porque también es verdad que los intereses corporativos son demasiados grandes para las comunidades locales, y a veces se desarrollan situaciones de explotación contra los intereses de largo plazo de las comunidades locales, y entonces es necesario regularlos nacionalmente”, señaló, poniendo así de relieve que el Ejecutivo fueguino maneja una posición política intermedia entre los aprobado en Diputados y lo sustentado por los gobernadores de San Juan, La Rioja, Jujuy, Catamarca, Salta, Santa Cruz y Río Negro.
Para explicar esta “tercera posición” referenció que esta es producto de la postura que ha mantenido el Gobierno puertas adentro en materia de defensa de los glaciares, lo que dijo se evidencia en la presentación “del proyecto de ley para prohibir la minería a cielo abierto, que en definitiva es lo que está en el fondo de la controversia sobre la ley de glaciares, y de la incorporación, que hicimos a la última versión de la ley de aguas, de un cláusula específica de protección de glaciares”. Agregó que estas acciones, que aún aguardan una definición legislativa, se suma la decisión de “declarar, el año pasado, como área protegida al glaciar Vinciguera con la turbera de Andorra que esta asociada al glaciar”, como así también el programa de estudios de glaciares con que cuenta la provincia, y el hecho de “estemos bastante avanzados en el inventario de glaciares, de manera que podemos decir que el proyecto que salió de Diputados es muy consistente con lo que la Provincia viene haciendo” en esta materia de protección ambiental.
Justamente la cuestión de quien se encargará de realizar el primer inventario de glaciares del país es uno de los temas que genera controversia. Mientras el diputado Miguel Bonasso y otros legisladores que sea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende del CONICET, varios gobernadores pretenden que lo realicen las direcciones de Minería de sus provincias.
La cuestión no es menor, porque donde se registre un glaciar o un preglaciar no podrá haber minas o extracción de agua para la minería a cielo abierto, y las que existen deberán ser relocalizadas.
Sobre este aspecto, Lucas también indicó que la Provincia maneja una posición intermedia. “Lo que nos parece saludable es que se le dé intervención a los organismos provinciales, porque nos parecería poco inteligente limitarlo a un sólo organismo con sede en la Capital Federal”. El funcionario interpretó que para el caso de los glaciares debería repetirse el criterio adoptado para la realización del inventario de bosques nativas “donde se puso al Consejo Federal de Medioambiente como organismo de concierto entre la Nación y las Provincia”.
Consultado sobre el impacto que podría tener la sanción de la ley Bonnaso–Filmus sobre actividades productivas en desarrollo en la provincia, dijo que sería prácticamente nula. “Nosotros tenemos una cordillera bastante baja por lo que el área periglaciar no tiene dimensiones importantes como en otras provincias, y justamente la protección de ese área se vuelve importante, precisamente, para la radicación de emprendimientos mineros a gran escala, no así para otro tipo de emprendimientos como puede ser la agricultura o alguna forma de aprovechamiento de agua, porque estas conviven perfectamente como esa protección”.
De todas maneras afirmó que “nuestra provincia está a salvo, pero en la medida que se tome la decisión estratégica de prohibir la minería a gran escala y a cielo abierto” y se avance en la adopción de una política “de desarrollo de calidad de sus recursos naturales y no de cantidad, como puede serlo la minería a gran escala”.