“Así como está ese trabajo (por el que presentó ayer el instituto Funcei), hay otro de la Universidad Nacional de Tucumán que concluye de modo distinto”, opinó por Radio Ancasti el diputado provincial, dejando en claro algunas dudas por parte de la oposición. Aunque Figueroa Vicario indicó que el tema central por estos días, y referido a la ley de Glaciares, es “poder establecer quién va a ser la autoridad de aplicación que va a determinar cuando existe contaminación y cuando no existen contaminación”.
Y puntualizó con respecto a esta ley que la autoridad de aplicación a la hora de autorizar los emprendimientos mineros en zonas de glaciares o peri-glaciares no tendría que ser nacional sino provincia, y que existe “un atropello” de parte de la Nación, quien pretende establecer una autoridad de aplicación “extraña” en materia de recursos naturales que son de dominio provincial.
En este contexto, el Senado de la Nación aprobaría la ley nacional de Glaciares este jueves, mientras que la ley provincial aún se estudia en Diputados.
“Hay que sancionar una ley que reconozca dos principios, uno, que la provincia es la dueña de los recursos naturales, que la jurisdicción, las atribuciones y los usos de los recursos naturales los tiene que decidir Catamarca; que van a ser intrascendentes para nosotros normas que desde el Congreso invadan competencias nuestras y, sobre todo, que la autoridad de aplicación tiene que ser provincial”, se posicionó el diputado.
Y reclamó: “La provincia debe tener una posición más activa, más protagónica; no es la hora de las provincias de quedarse ´sentaditas´ a ver qué sucede en el Congreso nacional. Debemos utilizar todos los resortes que el sistema nos confiere”.

El porqué del apuro por aprobar la ley provincial
En acuerdo con varias provincias cordilleranas, Catamarca busca proteger provincialmente sus glaciares, anticipándose a la norma nacional. Aunque la protección de estos recursos hídricos considerados estratégicos está en agenda de los legisladores nacionales desde el 2007, recién en julio de este año los gobernadores de las provincias mineras acordaron avanzar con sus propias leyes provinciales. Así fue que el Ejecutivo remitió a la Legislatura local un proyecto de ley de glaciares que el Senado aprobó sin mayor trámite a principios de agosto y que, desde entonces, está en estudio de la cámara baja.
La iniciativa local, dicen desde el Gobierno, es mucho más precisa y exigente; y remarca el dominio exclusivo que sobre esos recursos hídricos tiene la Provincia. También propone la realización de un inventario provincial de glaciares, pero nada dice respecto de la zona periglacial ni de la prohibición expresa de ciertas actividades. Si prohibe aquellas actividades "que impliquen destrucción, traslado o degradación".
Desde el Ejecutivo advierten que es vital que los diputados aprueben este miércoles la ley, de manera de contar con una norma provincial anterior a la que podría ser aprobada el jueves por la Nación. De esa forma, la Provincia tendría cierto "respaldo" en caso de tener que atacar judicialmente la ley nacional. Y podría hacer valer sus criterios en la elaboración del inventario de glaciares.