Salvo alguna sorpresa de último momento, el Senado convertirá esta tarde en ley el proyecto contra las salideras bancarias que ya fue aprobado en la Cámara baja. Y si llega a tiempo para completar el temario, también definirá la suerte de la ley de protección de glaciares, que envió Diputados en segunda revisión.
Además, los senadores acordaron debatir otras dos iniciativas propias que provocan controversia entre los bloques: la creación de un servicio cívico voluntario -una iniciativa que forma parte de la batería de temas sobre seguridad que se analizó en comisión- y el articulado de la ley de acceso a la información pública , que ya fue votada en general.
En un plenario de tres comisiones se emitió dictamen favorable a la ley de salideras bancarias por amplia mayoría. El texto propone que los bancos tendrán que instalar inhibidores de celulares, un sistema de pantallas que impida la observación de terceros en las líneas de cajas para los clientes, además de blindar las cajas de seguridad. El oficialismo acompañaría el proyecto como ya lo había hecho en Diputados, aunque en ese caso fue después de negar el quórum que debió conseguir el arco anti K por su cuenta.
En la sesión convocada para las 11 también se tratarán los proyectos de servicio cívico voluntario que fueron impulsados por los radicales mendocinos Ernesto Sanz y Laura Montero, inspirados en la experiencia desarrollada durante la gobernación del vicepresidente Julio Cobos. También se tuvieron en cuenta las iniciativas de Adolfo Rodríguez Saá y del oficialista y presidente provisional de la Cámara alta, José Pampuro.
Rechazada por el kirchnerismo, que votará en contra a partir de la recomendación de la ministra de Defensa, Nilda Garré -tal como reveló Clarín -, la propuesta consiste en un aprestamiento en establecimientos militares, para aprender oficios y completar estudios, destinado a jóvenes de 14 a 24 años que se encuentren en situación de “riesgo social” . A cambio recibirán 540 pesos mensuales.
En cambio, por falta de acuerdo quedaron en carpeta el proyecto para prohibir los desarmaderos de autos, la declaración de emergencia en seguridad y un nuevo sistema de control de armas.
Después del mini-paquete para combatir la inseguridad, llegará el turno del proyecto de acceso a la información pública , en el que oficialistas y opositores mantienen diferencias sobre todo con el alcance del organismo (los Centros de de Accesos a la Información Pública) que deben darle curso a la información de carácter público. La oposición quiere uno de estos centros en cada poder del Estado y con autonomía y el kirchnerismo un sólo centro que dependa del Ejecutivo. En cambio los bloques están de acuerdo que “toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna”. Para el final de lo que se anticipa una maratónica sesión vendrá el debate por glaciares.

Un round para las mineras
Sobre el filo del debate en el recinto, concluyó ayer el debate en comisión de la ley de glaciares y por un margen ajustado el dictamen de mayoría es el que recomienda insistir con lo que votó el Senado el año pasado, relegando a una eventual segunda votación -si se rechaza la primera- el texto con los cambios que introdujo Diputados.
Las fuerzas están parejas para la votación, que en el mejor de los casos terminaría mañana de madrugada. El texto de la Cámara baja, producto del acuerdo entre Daniel Filmus -autor del proyecto original del Senado- y el el diputado Miguel Bonasso, es el más restrictivo para la actividad minera en las zonas glaciales y periglaciales. La del Senado es más contemplativa y considerada un mal menor por la mayoría de los legisladores de provincias mineras. Ayer Filmus se enfrentó con la sanjuanina y también oficialista Marina Riofrio, que lo acusó de “no saber” de minería.
Dos Secretarios de Estado, el de Minería, Jorge Mayoral, la semana pasada, y ayer el de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, hablaron en la comisión a favor del proyecto de la Cámara alta. Sin embargo el bloque K dio libertad de acción. Pero trascendió que su jefe, Miguel Pichetto, votaría el texto de Diputados. La UCR también liberó a sus senadores.