La decisión de encarar un estudio sobre el daño ambiental y consiguiente costo económico que significó para La Pampa el corte unilateral del río Atuel por parte de Mendoza, parece marcar un cambio de rumbo positivo en la política hídrica del gobierno provincial.
Las actuales autoridades necesitaron de muchos golpes para llegar a esta instancia. Fueron varios años de chicanas y desaires mendocinos los que, finalmente, obraron para hacerles ver que la política de negociación y conciliación, con semejantes interlocutores, llevaba a una vía muerta.
Múltiples sectores (universidad, particulares, organizaciones no gubernamentales) advirtieron en su momento sobre el riesgo de llevar adelante una política extremadamente contemplativa con la provincia cuyana debido a las negativas experiencias anteriores, que solamente sirvieron para que pasara el tiempo sin progreso alguno. El gobierno prefirió apostar a las nuevas promesas de los "hermanos mendocinos", creyendo quizás que los cambios de hombres modificarían lo que son en Mendoza verdaderas políticas de Estado. Así, siguió transcurriendo el tiempo sin ninguna definición y ni siquiera un convenio favorable a los intereses cuyanos fue respetado.
Desde hace décadas, La Pampa, en años de abundancia hídrica, desempeña el triste papel de depósito de desechos salinos trasportados por las aguas empleadas por las provincias de arriba, en tanto que en épocas de seca el centro oeste de la provincia se convierte en un páramo salitroso. Todo esto en beneficio de aquellos Estados que nos mandan lo desechable, pero también de los abajeños que, gracias a nuestras "áreas de sacrificio", como gustan denominarlas, evitan su descarga en el río Colorado. El llamado "Tapón de Alonso" es la síntesis de lo expresado. Frente a esta condición samaritana de La Pampa no ha habido en absoluto reciprocidad por parte de las otras provincias. A lo sumo -y no en todas- alguna palabra de compromiso, pero siempre con la actitud de "rascarse para adentro".
Ahora, cuando la situación de los recursos hídricos provinciales se agrava ante la desaparición de caudales en el Salado-Chadileuvú, parece razonable que se abandone aquella inconducente política de conciliación y se apele a una de las armas de peso con que cuenta La Pampa: la cuantificación del daño ambiental en este caso. Si la Provincia hace las cosas bien golpeará los puntos sensibles mendocinos, especialmente en un tiempo en que el llamado derecho ambiental ha pasado a tener una notable relevancia jurídica en un mundo que, con alarma, empieza a advertir lo peligroso que resulta agredir a la naturaleza.
Para una demanda sólida y con posibilidades ciertas de justicia hará falta un respaldo documental y científico muy consistente. Si, como es de esperar, la Universidad de La Pampa -posible realizadora de la tarea- lleva a cabo un trabajo exhaustivo, seguramente causarán asombro las cifras demográficas y económicas relacionadas con lo que pudo ser y no fue. Sin tener en cuenta cortes anteriores, desde la diáspora contemporánea, que se inicia en 1948 con la puesta en funcionamiento de El Nihuil, han transcurrido más de seis décadas. ¿Cuántas decenas de miles de personas arrojará una proyección demográfica? ¿Qué cantidad de ganado vacuno y lanar murió o no pudo prosperar ante la desaparición de la llamada Isla del Chalileo y los bañados del Atuel, que fueran antes del corte apetecibles zonas de pastoreo? ¿Cómo se expresará en valores la involución de especies de flora y fauna que hoy sólo son un recuerdo?
Son todos interrogantes cuyas respuestas favorecerán la postura pampeana en esta nueva instancia en que, con la mayor decisión y energía, se deberá buscar recuperar el tiempo perdido.