A su entender, el proyecto consensuado entre el diputado Bonasso y el senador Filmus “establece con mucha claridad el bien jurídico tutelado, se utilizan principios precautorios ante la ausencia de inventario de glaciares y por la terminología utilizada entendemos que no se pone en juego ningún tipo de inversión en relación a nuestras provincias”.
En cuanto al debate que se ha generado en torno a la definición de zona periglaciar, indicó que éstas son aquellas que “están por encima de los 900 metros, razón por la cual no hay ningún riesgo en relación a la posibilidad de explotaciones hidrocarburíferas” en Tierra del Fuego.
Ríos, junto a otros gobernadores de provincias cordilleranas, firmó un documento en el que se sostiene que “resulta inadmisible” que la Nación establezca “normas de presupuestos mínimos, fijando la prohibición para el desarrollo de algunas actividades en particular, y que la competencia delegada a Nación para dictar normas que establezcan “presupuestos mínimos ambientales” ya fue cumplida con la sanción de la “Ley General de Ambientes”, por lo que queda ahora como competencia de las provincias “las atribuciones a legislar por encima de ello, y establecer parámetros ambientales más rigurosos, de acuerdo a su especial situación”.
A pesar de ello, ayer afirmó que en materia de “presupuestos mínimos ambientales no nos parece que sea un tema de discusión que pueda ser planteada en términos de falso federalismo”.
En ese marco defendió el agua como un derecho humano básico y la necesidad de reflexionar sobre la imposibilidad de plantear el desarrollo económico sin seres humanos. Por ello postuló que quienes hoy tienen responsabilidad directa en “la organización de los estados” deben garantizar “sobre todas las cosas un desarrollo humano de calidad y un desarrollo humano posible. Es a partir de esto que, como Provincia, nos negamos a discutir explotaciones económicas si no discutimos primero calidad de vida, acceso al agua y posibilidad de desarrollo sustentable”.