El Senado se disponía a votar esta madrugada un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, un tema que ha provocado una fuerte controversia entre organizaciones ambientalistas y las provincias cordilleranas que se tradujo en la división transversal de opiniones al seno de todas las bancadas de la Cámara alta.
Al cierre de esta edición las cuentas parecían favorecer al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en agosto. Sin embargo, el primer texto que se someterá a votación será el votado por el Senado hace más de un año, que obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Ambiente.
El dictamen de minoría, en tanto, refrenda el texto de Diputados, aunque a pedido del kirchnerista Daniel Filmus (Capital) se eliminó el artículo 17 del texto, que prohíbe la iniciación de nuevos yacimientos en la zona protegida por una eventual ley de presupuestos mínimos hasta tanto no esté concluido el inventario de las áreas que quedarán bajo la tutela de la norma.
Este cambio les permitirá a las empresas mineras y petroleras avanzar con nuevos emprendimientos mientras ese trabajo no esté concluido.
No obstante, permanece en pie el artículo 15, que obliga a los yacimientos ya instalados a someterse a un estudio para mensurar el impacto ambiental de las obras.
Además, promete generar otra polémica y largo debate, ya que algunos senadores consideran que la cámara de origen (Senado) no puede modificar lo remitido por la revisora (Diputados), como se lo hicieron notar a Filmus el neuquino Horacio Lores (MPN) y la UCR. Las provincias con intereses mineros impulsan la sanción del texto aprobado por el Senado el año pasado, que es más benévolo en la definición del bien (los glaciares y la zona periglaciar) que el Congreso pretende tutelar. Esta postura tuvo como principal defensor al gobernador de San Juan, José Luis Gioja,
La diferencia entre ambas versiones radica en el artículo dos. El texto de la Cámara baja amplía la zona protegida a los suelos congelados, además de los glaciares. El del Senado, en tanto, es más acotado, al definir las áreas periglaciares como aquellas con suelos congelados de manera permanente.
El alto contenido polémico del debate lo reflejó la lista de oradores, en la que se habían anotado 38 senadores interesados en plasmar su punto de vista. Uno de los primeros oradores fue el radical Alfredo Martínez (Santa Cruz), que defendió la versión aprobada por la Cámara baja y se preocupó por replicar a las cámaras empresarias mineras y del petróleo, que cuestionan el proyecto por considerar que generará inseguridad jurídica, ahuyentando inversiones, y generará desocupación. "Esta no es una ley antiminera, sino que es una ley de protección de un recurso tan importante como el agua potable", afirmó. Algo similar había dicho Filmus, miembro informante del dictamen de minoría.
A su turno, el peronista disidente Roberto Basualdo anunció que se abstendría, ya que pretendía más tiempo para acordar un proyecto que pudiera comprender los intereses de las provincias y las compañías mineras y de las ONG ambientalistas.
El primero en hablar fue el salteño Agustín Pérez (Partido Renovador), que reivindicó la potestad de las provincias para legislar en la materia. "La sanción de Diputados es un avance sobre el federalismo en protección del medio ambiente", afirmó, tras lo cual advirtió que "la ecología sin desarrollos es un suicidio comunitario".
Fue el inicio de un extenso debate cuyo final se anticipaba abierto: el tema divide aguas en todos los bloques. Los presidentes de los dos bloques mayoritarios, Miguel Pichetto y Gerardo Morales, votarán la versión de Diputados, en tanto que senadores oficialistas como César Gioja, Marina Riofrío y Nicolás Fernández y los peronistas disidentes, aliados de la UCR, apoyan el proyecto del Senado.