Luego de una maratónica sesión la Cámara alta aprobó esta madrugada la Ley de Glaciares, que impone más límites a la actividad minera en el país.
En el debate se perfilaron dos bandos en pugna, más allá de sus pertenencias partidarias, porque los bloques mayoritarios otorgaron libertad de acción. De un lado se ubicó la mayoría de los senadores de provincias mineras, que se pronunciaron por insistir con la sanción original de la Cámara alta - en setiembre del año pasado-, considerada por los ambientalistas como la más benigna para la explotación minera.
Otro conglomerado defendió la sanción de Diputados, más restrictiva para la actividad minera en la alta montaña y a cielo abierto, que pueda afectar a los glaciares y su zona de influencia. El renovador salteño Juan Pérez Alsina respaldó el texto del Senado. El de la judicialización fue el argumento principal contra la norma más restrictiva, junto a la falta de injerencia de las provincias en el control de los glaciares.
El oficialista porteño Daniel Filmus fue el abanderado del proyecto más duro a favor de los glaciares. En 2008 la presidenta Cristina Fernández vetó una ley de características similares a la que está en discusión. Y por iniciativa de Filmus la Cámara alta aprobó un nuevo proyecto que fue girado a Diputados. A comienzos de este año, comenzaron a cruzarse presiones de empresarios mineros y grupos ecologístas. Y luego de un largo debate se impuso la postura de una norma con más controles a la actividad minera, impulsada por el diputado Miguel Bonasso, en acuerdo con Filmus.
Anoche, el ex ministro de Edudación defendió la ingeniería legislativa aplicada al dictamen de minoría, que empujó el proyecto Bonasso quitándole un artículo, que impedía invertir en zonas glaciales antes de una auditaría técnica. El neuquino Horacio Lores (MPN) sostuvo que modificar una media sanción es inconstitucional. Filmus respondió que ambas cámaras lo avalaron en 1995.