El Senado se disponía a definir en la madrugada una ley para la protección de los glaciares ante el avance de la minería, en un escenario con fuertes divisiones internas en el bloque oficialista y en el arco opositor.
Esas divisiones se deben a que los senadores podrán insistir en el proyecto original aprobado en la Cámara alta en 2009 o sancionar las modificaciones realizadas por Diputados y, en cualquiera de los dos casos, se convertirá en ley.
Los gobernadores de las provincias mineras se pronunciaron en diversas audiencias en favor del proyecto del Senado y, de forma más sutil, también el Gobierno nacional, bajo el argumento de que la legislación sobre los recursos naturales corresponde a las provincias en la que esos recursos se encuentran.
Esta interpretación, sumada al argumento de que el proyecto de Diputados perjudicaría a la actividad minera, caló en algunos senadores tanto del oficialismo como de la oposición que representan a algunas de esas provincias.
La discusión se polarizó entre los senadores oficialistas César Gioja (San Juan) quien defiende el proyecto del Senado, y Daniel Filmus (CABA), quien acordó con el diputado Miguel Bonasso la iniciativa modificada que aprobó la Cámara baja.
En ese marco, trascendió que el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Angel Pichetto, votaría a favor de la ley de Diputados para evitar las acusaciones que parte de la oposición ya le hizo a otros senadores acerca de estar “arreglados” con la minera Barrick Gold.
La sesión del Senado se llevó a cabo con la imagen de la niña Sofía Yasmín Herrera en las bancas de los legisladores, al cumplirse dos años de su desaparición en Río Grande.
Antes de iniciar el debate de la ley de glaciares, la Cámara alta dio media sanción al proyecto sobre libre acceso a la información pública al votarlo en particular, luego de aprobarlo en general el 8 de septiembre.

Juzgado federal de Tartagal
Durante la tarde, la Cámara alta aprobó, por unanimidad, y giró a Diputados el proyecto presentado por la senadora salteña Sonia Escudero para crear un juzgado federal en la ciudad de Tartagal.
La autora de la iniciativa recordó que el nuevo juzgado procura dar respuesta a “la creciente criminalidad en la zona norte provincial y, aliviar la tarea del tribunal de Orán”.
El proyecto fue presentado por primera vez el 2 de marzo de 2007. Dos años más tarde Escudero debió presentarlo nuevamente, ya que había perdido estado parlamentario por falta de tratamiento.
De aprobarse en Diputados, este será el cuarto juzgado federal en la provincia, ya que dos funcionan en Salta capital, y un tercero en la ciudad de Orán.

Aprueban ley contra salideras bancarias
El Senado convirtió ayer en ley las medidas para combatir los robos a la salida de los bancos, conocidas como “salideras bancarias”, con el apoyo de todos los bloques, y dio media sanción al servicio cívico voluntario y a la figura de la desaparición forzada de personas.
El proyecto para evitar robos a la salida de los bancos contempla que las entidades bancarias deberán contar con un sistema de barreras visuales en las cajas y cajeros automáticos y además instalarán inhibidores o bloqueadores de señal de celulares. El Senado también aprobó por amplia mayoría y remitió a Diputados la creación en el Código Penal de la figura de la desaparición forzada de personas y dio respaldo a la creación del programa de Servicio Cívico Voluntario, promovido por la oposición, por el estrecho margen de 33 sufragios, contra 31, con dos abstenciones y cinco ausencias.

Sonia Escudero denunció amenazas
La senadora salteña del Peronismo Federal, Sonia Escudero denunció ayer que recibió amenazas en su casilla de e-mail personal por su proyecto para modificar la legislación sobre armas y eliminar el Registro Nacional de Armas (Renar).
El proyecto iba a tratarse ayer junto con un paquete de iniciativas sobre seguridad, pero el martes se decidió postergarlo debido a las diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto del articulado.
“Querida Sonia, si sale la tan mentada ley de armas, vos tenés problemas. Yo no pierdo nada, vos sí”, fue una de las amenazas que leyó Escudero en el recinto, al tiempo que sostuvo: “El Renar recauda cinco millones de pesos. ¿Estaremos tocando la cajita feliz de algunas personas, de algún funcionario?”.
Luego leyó otro e-mail que recibió a nombre de Alejandro Galván, en el que decía “recuerde que el que las hace las paga”, e incluía amenazas a la familia de la senadora.
Por ello, Escudero planteó una cuestión de privilegio para que la Comisión de Asuntos Constitucionales investigue las amenazas que recibió en torno de este proyecto.
El titular del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, manifestó su “solidaridad” con la senadora y afirmó, en nombre de su bancada, que el hecho “se debe investigar”.
El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Samuel Cabanchik, manifestó su “compromiso para que en la próxima reunión de comisión esté primero”.

Diputados, quieto
La sesión que estaba prevista en la Cámara de Diputados se frustró nuevamente ayer por falta de quórum, ya que la oposición quedó a tres legisladores de reunir los 129 que se necesitan para arrancar el debate, ante el faltazo anticipado del oficialismo.
En tanto, el núcleo duro anti-K de Diputados abrió ayer a nivel de comisión el debate de distintas alternativas para hacer cumplir la orden de la Corte Suprema para reinstalar en su cargo al destituido procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, aunque a un ritmo más lento de lo esperado y sin descartar todavía la posibilidad de una intervención parcial a la provincia patagónica.