El Senado votaba esta madrugada la ley de protección de glaciares en un clima de máximo suspenso. Los legisladores debatían dos proyectos y la diferencia de votos entre ambos se presentaba como muy escasa, de manera que el resultado dependía de quienes se abstuvieran, de quienes se ausentaran y de los giros de último momento.
El Senado dio media sanción a esta ley de presupuestos mínimos para el cuidado de los grandes hielos en noviembre del año pasado, y en agosto de este año la Cámara de Diputados le realizó cambios sustanciales. Entre estas dos opciones, la Cámara Alta se aprestaba a tomar una decisión para convertir de una vez por todas en ley la protección de los glaciares, ya que en 2008 la norma que sacó el Congreso fue vetada por la presidenta Cristina Fernández por pedido de algunos gobernadores cordilleranos.
La diferencia entre los dos proyectos, el que sacó originalmente el Senado y el modificado por Diputados, es que el primero establece restricciones a las actividades productivas –básicamente la minería– en los glaciares y en los periglaciares, pero define a estas zonas aledañas como los suelos congelados “permanentemente”. En cambio, la sanción de la Cámara Baja –no votada por el kirchnerismo– fija como zonas periglaciares a “los suelos saturados en hielo que regulan el recurso hídrico”, lo que amplía la zona en la que no se podrán extraer minerales o petróleo.
Así, la discusión pasó no sólo por la necesidad de cuidar el agua como un recurso estratégico sino que tuvo como eje el desarrollo de las economías de las provincias cordilleranas a través de la minería.
El único consenso que había entre ambos grupos era el rechazo del artículo 17 que incluyó Diputados (obra del mendocino cobista Ricardo Mansur) que fijó que no se podrá emprender ninguna actividad productiva en las zonas potencialmente protegidas por la ley hasta que el Instituto de Glacialogía (Ianigla) termine el inventario de los grandes hielos. Kirchneristas y opositores coincidieron en que esto implicaba paralizar el desarrollo de las provincias por un tiempo indeterminado, pese a la queja ambientalistas que advirtieron que si se elimina dicho ítem los gobernadores darán rienda suelta a los proyectos mineros a las apuradas.
El kirchnerismo era anoche el bloque que más convulsión interna mostraba. El grueso de los senadores –31 en total– se encolumnaba por la ratificación de la sanción del Senado, más permisiva de la minería. Esta fue la posición de la Casa Rosada. Pero al menos 6 senadores pugnaban por apoyar los cambios más restrictivos que hizo Diputados. Este grupo, liderado por Daniel Filmus, contaba con el presidente de la bancada, Miguel Pichetto. En este bloque, se ausentaron José Pampuro y Guillermo Jenefes, con posiciones teóricamente antagónicas.
El radicalismo, en cambio, logró aglutinar 15 de los 18 legisladores a favor de la media sanción de Diputados. Las excepciones eran los senadores catamarqueños y la correntina Josefina Meabe. Pero todos acordaron con bochar el artículo 17 si prosperaba el proyecto de la Cámara Baja.
En el peronismo federal, las posiciones seguían divididas y no se conocía qué harían el santafesino Carlos Reutemann y la bonaerense “Chiche” Duhalde.
Los cálculos de Greenpeace daban empate. Allegados al sanjuanino César Gioja creían que ganaban por 3 votos. Pero nadie sabía quiénes estarían presentes al momento de la votación, quiénes se irían y quiénes cambiarían a último momento.

Un mala política de Estado en debate
Si lo que está en juego es el futuro de los recursos hídricos del país, no hay posibilidad de discusión.
Por Lucas Viano
Si lo que está en juego es el futuro de los recursos hídricos del país, no hay posibilidad de discusión. El agua es vital para la vida. Las megamineras internacionales prometen progreso, inversión, divisas, trabajo y tecnología. Por más que estas promesas fueran ciertas (las denuncias de las ONG dicen que no), ¿qué sociedad sensata y que piense en el futuro de la humanidad podría cambiar todo el oro del mundo por agua?
El texto que se debatía anoche debería contemplar criterios científico-ambientales que respalden esta premisa y plazos concretos y mandatos claros para los casos en que se verifique un daño ambiental. Varios de estos puntos, presentes en la modificación realizada en Diputados por el acuerdo Filmus-Bonasso de julio pasado, quedarían excluidos según los últimos sondeos que se manejaban al cierre de esta edición.
Uno de ellos era la protección de toda el área periglacial (suelos congelados, permanentes o no). La idea que prevalecía anoche era proteger sólo los glaciares de escombros, suelos congelados permanentes y con declive suficiente para que se desplacen.
En estas condiciones, la institución científica (Ianigla) encargada de realizar el inventario de zonas protegidas estará atada de pies y manos.
A su vez, según las iniciativas que prevalecían anoche, las autoridades provinciales que deberán hacer cumplir la ley tendrán mandatos más permisivos para controlar y sancionar los emprendimientos que dañen el ambiente.
En un país que reniega de no tener políticas de Estado a largo plazo, la actividad minera es una triste excepción. En 1993, se aprobó la Ley de Minería de la mano del entonces presidente Carlos Menem. La norma otorga apetitosos beneficios impositivos a las mineras, como eximición de impuestos, eliminación de gravámenes en los insumos importados y regalías ínfimas, entre otros. Aquella norma fue el punto de partida de la fiebre de oro que anoche buscaba su continuidad en la ley de glaciares.