La Cámara de Senadores debatía anoche el proyecto de ley de protección de Glaciares, en una extensa sesión que se inició después del mediodía con la discusión de tres proyectos vinculados al combate contra la inseguridad. Al cierre de esta edición, los legisladores analizaban dos dictámenes de proyectos de Ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial.
La Cámara alta debatía si mantiene su respaldo a la iniciativa votada originalmente en el Senado en septiembre del año pasado o si apoya el dictamen de minoría, que es la aceptación parcial de las modificaciones introducidas en la norma por la Cámara de Diputados, ya que quedó afuera de la redacción un artículo que restringe la instalación de nuevas industrias mineras en zonas periglaciales sin la autorización del Instituto Nacional de Glaciología.
La sesión del Senado se llevó a cabo esta tarde con la imagen de la niña Sofía Yasmín Herrera en las bancas de los legisladores, ya que se cumplieron dos años de su misteriosa desaparición de un camping en la localidad fueguina de Río Grande.
Además de aprobar la Ley de Salideras y de votar el proyecto de Servicio Civil Voluntario (ver aparte) los legisladores también le dieron media sanción a un proyecto de Ley para tipificar como delito en el Código Penal la desaparición forzada de personas, con penas de prisión que van de 10 a 25 años, y que podrían llegar a perpetua en el caso de agravantes.
Por otro lado, la Cámara alta también aprobó en particular un proyecto de Ley sobre Libre Acceso a la Información Pública, luego de que la iniciativa fuera sancionada en general por la Cámara alta en la sesión del 8 de septiembre.
La iniciativa, que ahora pasó para su debate a Diputados, debió ser debatida en particular en el recinto de sesiones debido a que las comisiones que debían debatirla no llegaron a unificar un dictamen.
El proyecto tiene por objeto fijar los principios, bases y procedimientos para garantizar a toda persona física o jurídica el libre acceso a la información pública y promover la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrar los asuntos públicos.