En una jornada en que se sancionó el proyecto para combatir las salideras bancarias y se dio media sanción al servicio cívico voluntario y a la creación en el Código Penal de la figura de la desaparición forzada de personas, el Senado nacional discutía esta madrugada la polémica ley de protección a los glaciares.
Esta discusión se daba en un escenario con fuertes divisiones internas en el bloque oficialista y en el arco opositor. Los senadores podrán insistir en el proyecto original aprobado en la Cámara alta en 2009 o sancionar las modificaciones hechas en Diputados. En ambos casos sería ley.
Los gobernadores de las provincias mineras se pronunciaron en diversas audiencias en favor del proyecto del Senado y, de forma más sutil, también el gobierno nacional, bajo el argumento de que la legislación sobre los recursos naturales corresponde a las provincias.
Esta interpretación, sumada al argumento de que el proyecto de Diputados perjudicaría a la actividad minera, caló en algunos senadores tanto del oficialismo como de la oposición.
La discusión se polarizó entre los senadores oficialistas César Gioja (San Juan) quien defiende el proyecto del Senado, y Daniel Filmus, quien acordó con Miguel Bonasso la iniciativa aprobada en Diputados.
El jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, votaría a favor de la ley de Diputados para evitar las acusaciones que parte de la oposición ya le hizo a otros senadores acerca de estar "arreglados" con la minera Barrick Gold.
Una de las diferencias que generan polémica es que mientras el proyecto del Senado señala que las zonas a proteger son los glaciares "descubiertos y cubiertos y dentro del ambiente periglacial, los glaciares de escombros", mientras que el de Diputados define como zona periglacial el "área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico".
La flamante ley de seguridad bancaria establece tres obligaciones mínimas: "Reforzar la seguridad en los tesoros, disponer de un sistema de privacidad en torno a las cajas, con mamparas para evitar el acceso a terceros y evitar posteriores identificaciones; e inhibir el funcionamiento de los teléfonos celulares".
El proyecto de creación de un servicio cívico voluntario, que no contó con el aval del oficialismo, prevé un programa de capacitación para jóvenes de entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan, quienes percibirán una mensualidad.