El país tendrá una ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares. Aunque al cierre de esta edición, ya bien avanzada la madrugada, el Senado continuaba el debate sobre dos iniciativas en un final abierto por la paridad de fuerzas que ambas iniciativas recogen entre los senadores. La ratificación del proyecto iniciado por la Cámara alta que cuenta con el apoyo de la mayoría de las provincias cordilleranas y la modificación realizada en Diputados con medidas más restrictivas dividió al bloque kirchnerista y provocó fisuras en las bancadas del radicalismo y el peronismo disidente. La Presidenta se comprometió a no volver a vetar la ley cualquiera fuera la decisión que adopte el Congreso.
Aunque con matices, todos los sondeos previos le adjudicaban “una luz” de ventaja al proyecto aprobado por unanimidad del Senado. El primer muestreo fue la mayoría exigua que alcanzó la propuesta dentro de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde 8 de los 15 senadores que la componen firmaron el dictamen a favor de ratificar la iniciativa de la Cámara alta.
La presión que ejerció la mayoría de las provincias cordilleranas sobre los senadores logró modificar la tendencia a su favor. Siete de los diez gobernadores de esa región firmaron un documento que ratifica como propios los recursos naturales de sus territorios, incluidos los glaciares. Incluso, propusieron el texto de una ley provincial, que todos ellos se comprometían a ratificar, para que una ley nacional no condicionara su propia legislación.
Tres de ellos, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja, llegaron hasta el Senado con una propuesta de máxima: que no haya una ley nacional. La de mínima, era que si había ley, el texto fuera el aprobado por el Senado. Respaldado por el riojano Luis Beder Herrera y el jujeño Walter Barrionuevo, Gioja argumentó ante los senadores que la media sanción modificada en Diputados “iba en contra de la actividad minera, principal recurso económico de su provincia”.
Su hermano, el senador César Gioja, fue el encargado de reclutar voluntades a favor de esa postura. Los cuestionamientos a la iniciativa modificada en la Cámara baja se centraban en la definición de “áreas periglaciales”, en que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) fuera el único organismo de aplicación sin contemplar a las provincias; y la paralización de los emprendimientos mineros en actividad hasta que el Ianiglia terminara el relevamiento de las zonas protegidas por la futura normativa.
Del otro lado, el también oficialista Daniel Filmus juntaba adhesiones a favor de la media sanción de Diputados, cuyo texto elaboró con el diputado opositor Miguel Bonasso. Sin embargo Filmus tuvo que apelar a algunas modificaciones en su intento de vencer la resistencia de algunos senadores que simpatizan con la propuesta y no relegar su posibilidad de convertirla en ley.
Filmus quitó del dictamen de minoría –que respaldaron seis de los 15 senadores de la Comisión de Ambiente–, el artículo 17 del texto de la Cámara baja. Allí se establecía que “en las áreas potencialmente protegidas por la presente ley, no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger. Ante la solicitud de nuevos emprendimientos, el Ianiglia priorizará la realización del inventario en el área en cuestión”. El senador justificó la eliminación argumentando que esas condiciones ya estaban establecidas en los artículos 2 y 15 del proyecto. Varios de los senadores que respaldan las medidas más restrictivas que incorporó la Cámara baja, también avalaron la decisión de Filmus aunque sostuvieron que “lo que abunda no daña”.
La eliminación fue cuestionada por quienes están alineados con los gobernadores cordilleranos. El neuquino Horacio Lores, del MPN, dijo que el Senado podía aprobar o rechazar la modificación de Diputados “pero no podía volver a modificarla”. Filmus ganó esa pulseada en el recinto, después de que el secretario parlamentario Juan Estrada afirmara que el sistema de revisión de leyes estaba en sintonía con el veto presidencial establecido en la reforma constitucional del ’94, por lo cual el Senado podía aprobar o rechazar todas o cada una de las modificaciones realizadas por la Cámara revisora.
Filmus también apuntó en el recinto a sumar voluntades. “No estamos en contra de la industria de extracción, bienvenida sea, pero que lo haga fuera de las zonas protegidas. Nuestra prioridad es el ambiente y el cuidado de la vida de la población”, dijo e instó a los senadores a dar “el tranco que falta” para no quedarse a mitad del camino.
Luego insistió en que el acceso al agua potable fue considerado por la ONU como “el derecho humano más importante después de la vida”. Por eso lanzó una comparación entre la necesidad de preservar el agua y la actividad de la minera canadiense Barrick Gold y el cuestionado emprendimiento de Pascua Lamas de extracción de oro en la provincia de San Juan. “Debemos preservar el agua para nuestros hijos y la futuras generaciones. En cambio el oro termina en lingotes en Suiza”, sentenció. Gioja, su principal adversario en el debate, debía esperar que pasaran una veintena de oradores para responderle. Pero aprovechó la intervención del radical santacruceño Alfredo Martínez para pedir una interrupción y dar su opinión, donde tampoco faltó una asociación con la Barrick. “Opino igual que él, debemos el tema de las regalías mineras. La normativa ha quedado vieja y su modificación significaría mayor equidad para las provincias. Pero tampoco matemos a la gallina de los huevos de oro”, soltó.
A medianoche todavía faltaban una veintena de oradores, entre ellos los jefes de cada bloque. La intervención de cada senador volvía a mostrar las opiniones encontradas y la paridad de fuerzas. La disputa se dirimiría en plena madrugada. Independiente de qué proyecto se apruebe, el mismo se convertirá en ley.