Los senadores nacionales aprobaron ayer a la madrugada la ley de protección de glaciares con 35 votos afirmativos, 33 negativos y 1 abstención. La norma es fuertemente rechazada por las provincias mineras y petroleras. La ley sostiene que tiene por objeto preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
Pocas horas después de la aprobación de la polémica ley en el Senado, y a tono con otras concentraciones similares realizadas en las provincias con actividad minera e hidrocarburífera, se realizó frente al Cabildo Histórico de Salta un acto multisectorial que congregó a los trabajadores mineros afiliados a la UOMA (Unión Obrera Minera de la Argentina), las empresas agrupadas en la Cámara de Minería de Salta y los proveedores, reunidos en su respectiva organización.
Alrededor de 200 personas, muchos de ellos con cascos, mostraron carteles que reflejaban el estado de ánimo de quienes viven de la actividad minera y siguieron la votación en el Senado. “En los Andes no hay vacas ni soja. Sí a la minería en Salta”, decía uno de ellos, o “No a la ley que nos deja sin trabajo”, otro más directo.
“Esta ley no quiere proteger a los glaciares, sino que se quiere prohibir nuestra actividad. La minería es la actividad que más protege al medio ambiente, pues el empresario y el trabajador saben que no sólo basta con hacer las cosas bien, sino que hay que demostrarlo”, aseguró en la plaza central de la capital provincial Facundo Huidobro, presidente de la Cámara de Minería de Salta. Como muchos, el directivo vestía el uniforme de trabajo que utiliza en la Puna.
“Quienes votaron esta ley no conocen la Puna, no conocen la minería, son activistas ambientalistas que repiten lo que dicen desde oficinas de Buenos Aires. Nosotros cuidamos el medio ambiente, pues trabajamos en ese lugar desierto”, se sumó Modesto Rodríguez, secretario general de la Unión Obrera de Mineros de la Argentina.
Por su lado, Sergio Pestaña, presidente de la Cámara de Proveedores de la Minería de Salta, remarcó: “Hoy es un día nefasto para la actividad minera, pues se votó contra nosotros. Pero debemos agradecer a los tres senadores salteños, que defendieron los intereses de la provincia”.

El debate en el Senado
La norma sancionada aprobó el texto enviado por la Cámara de Diputados, autoría del diputado de Capital Federal Miguel Bonasso, aunque a pedido del senador capitalino Daniel Filmus se eliminó el artículo 17 del texto, que prohibía la iniciación de nuevos yacimientos en la zona protegida hasta tanto no estuviese concluido el inventario de las áreas bajo tutela de la norma. Este cambio permitirá a las empresas mineras y petroleras avanzar con nuevos emprendimientos mientras ese trabajo no esté concluido. Empero, continúa en pie el artículo 15, que obliga a los yacimientos ya instalados a someterse a un estudio para mensurar el impacto ambiental de las obras.
Antes de votar el proyecto que se convirtió en ley, el Senado rechazó la versión que había aprobado el año pasado y que contaba con el respaldo de las provincias mineras.
La diferencia entre ambas versiones radica en el artículo dos. El texto que se convirtió en ley amplía la zona protegida a los suelos congelados, además de los glaciares. El del Senado, en tanto, es más acotado, al definir las áreas periglaciares como aquellas con suelos congelados de manera permanente.

Opinión / La hipocresía políticamente correcta
Por Robustiano Pinedo
La denominada Ley de Glaciares no establece ninguna medida para contrarrestar la verdadera amenaza que existe contra estos colosos de hielo: el calentamiento global. Para un problema global se necesita una solución global y, tal vez por eso, ningún país del mundo había previsto una legislación semejante. Por esa razón, los glaciares argentinos seguirán desapareciendo como en todo el planeta, según indica el reporte de Human Development para las Naciones Unidas del 2006. Esta inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace es lo que los diccionarios han definido como “hipocresía”, y la Ley de Glaciares es una ley hipócrita.
En su primer artículo, la flamante Ley intenta establecer los “presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos”. Eso es algo muy noble y seguramente a nadie le gustaría imaginar un mundo sin agua para hijos y nietos argentinos. Pero, en realidad, la ley nunca podrá ser muy efectiva en el cumplimiento de ese objetivo, porque los glaciares representan un porcentaje ínfimo del agua que se puede llegar a consumir.
El agua cubre aproximadamente el 71% de la superficie de la tierra. El 97% es salada y sólo el 3% es dulce; de ésta, únicamente el 1% se encuentra en estado líquido. Del 2% del agua congelada, los casquetes y glaciares polares representan el 68,7%, mientras que los glaciares continentales sólo 0,86%. Como se ve, del agua dulce que queda, muy poca está contenida en los glaciares.
Estas formaciones de hielo actúan como bancos de agua. Almacenan nieve y hielo durante el invierno y a medida que la temperatura asciende liberan agua a los ríos y lagos, contribuyendo con la recarga de los mismos. Según un trabajo realizado sobre el río San Juan (Dirección de Hidráulica, San Juan, 2005) y otro sobre el río Mendoza (IANIGLIA, 1981/82), la recarga efectiva que aportan los glaciares y zonas próximas a ellos asciende entre un 6% y un 11% de la recarga necesaria para mantener las corrientes de agua de estos dos ríos. El grueso de la capacidad de recarga de los ríos proviene de las lluvias y de aportes de otros cursos subterráneos.
Si lo que se busca es conservar el agua, entonces sería apropiado cuidar atentamente las grandes reservas de agua del país. Curiosamente, una de las reservas más importantes de agua dulce del mundo está en la Argentina, amenazado por los suelos del lugar más contaminado de la República: la Cuenca del Río Matanza, en Buenos Aires. El acuífero Puelche alberga 300 billones de litros de agua, unos 200.000 litros por cada persona que habita el planeta. Hasta el momento, ninguna acción de ningún gobierno logró revertir esa situación de descontrol ecológico, que incluye denuncias de contaminación con residuos radiactivos.
Pero la hipocresía no es sólo la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace, la hipocresía también puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales. Según Facundo Huidobro, el presidente de la Cámara de la Minería de Salta, “esta Ley lo que realmente busca es prohibir y paralizar la actividad minera. Es una situación hipócrita la que se plantea desde Buenos Aires, prohibir la minería, cuando ellos son los mayores consumidores de minería del país”.
La Ley contempla la prohibición de toda actividad en el ambiente periglacial. Según un estudio de la Cámara y la Provincia, la ley puede afectar a 40 empresas mineras salteñas. El 99% de ellas están en la Puna, ecosistema de alta montaña y bajas temperaturas en donde es común que se congele el agua. En Salta viven de la minería 2.600 personas directamente y se crean entre 4 y 8 veces más de puestos de trabajo indirecto. El 52% del producto final de la minería es retenido en impuestos. De esos, el 43% es para el Gobierno nacional, el 6% para las provincias y el 3% para los municipios.